La ciudad de Córdoba debate hoy qué pasará con el proyecto que busca prohibir que ultraprocesados se ubiquen en la línea de caja de supermercados. La propuesta surgió de un proyecto de ordenanza municipal y generó una repercusión nacional, donde se pronunciaron las cámaras que agrupan a la industria alimenticia, rechazando la propuesta. Ahora el proyecto de ordenanza entró en zona de incertidumbre.

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El proyecto establece una multas de 112.800 a 376 mil pesos con un agregado al Código de Convivencia. El principal objetivo es combatir el consumo compulsivo de golosinas, snacks y bebidas azucaradas.

Reclamo de las industrias alimenticias

En las últimas horas, la Cámara Industriales de Productos Alimenticios (Cipa) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) enviaron cartas a funcionarios municipales y concejales para argumentar en contra de la iniciativa. La Cipa, incluso, advirtió con acciones judiciales.

Los industriales cuestionaron el término “ultraprocesados” al decir que no está definido por la Anmat y no es preciso para encuadrar productos y, por último, lamentaron la oportunidad de una medida que podría hacer caer ventas luego de un año de baja demanda, por la pandemia y las limitaciones a la circulación.

Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos, admitió, en una reunión con varios concejales, que ”la demanda se genera no de una manera consciente, sino por estar en el lugar indicado para que el consumidor lo tome. Si no se da así, genera una complicación desde el punto de vista de venta”.

En este sentido, agregó: “La Provincia de Córdoba cuenta con la mayoría de las industrias que fabrican estos productos. Una legislación de este tipo, que salga de nuestro lugar de origen, no es coherente y se corre el riesgo de que se pueda trasladar a otros municipios y complejizar de esta manera al sector”, planteó.

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En debate

Nicolás Piloni, concejal oficialista, y Juan Pablo Quinteros, de Encuentro Vecinal Córdoba, son los autores del proyecto y cuenta con despacho de la comisión de Salud. La semana pasada se lo puso en el orden del día para la sesión de este jueves, donde iba a salir con amplia mayoría.

La unanimidad no se iba a lograr porque anticipó que no lo votaría la legisladora de izquierda Cintia Frencia, por una cuestión dogmática: está en contra de todo el Código de Convivencia.

Un representante de la bancada oficialista dijo a La Voz que el proyecto está en el orden del día y va a ser tratado. Eso no equivale a aprobado. El oficialismo estudiaba este miércoles votar el regreso a comisión del proyecto, para pulir la redacción y eliminar el término ultraprocesados, además de examinar con mayor detenimiento los aspectos jurídicos de la norma.

“Quizás se pueda introducir alguna modificación que permita la reglamentación. Las provincias que aprobaron estas leyes no la han podido reglamentar justamente por falta de una legislación nacional que defina que es ultraprocesados”, admitieron.

De lo que en verdad se trata es de ganar tiempo. Esto bajaría la presión de los industriales de la alimentación, que fijaron su atención en este proyecto de ordenanza porque podría salir antes y ser un antecedente de la ley de etiquetado frontal, que sigue en discusión en el Congreso.