Pasaron 45 días desde que del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación decidió no prorrogar el DNU que congelaba los alquileres y prohíba los desalojos en el contexto de la pandemia.

En ese tiempo, según denuncian desde la organización Inquilinos Córdoba las familias están “a la deriva y siendo víctimas de un mercado inmobiliario totalmente voraz y falto de control”.

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En un comunicado explicaron que se enfrentan a “una realidad extrema” y que hay aumentos “superiores al 60 por ciento entre contratos”.

De esta manera según detallan, la finalización del DNU dejó desprotegidas a casi el 40 por ciento de las familias inquilinas en Córdoba.

Sobre los desalojos agregaron en el comunicado: “Con los datos relevados por Inquilinos Córdoba, solamente en la ciudad de capital entre abril del 2020 y marzo del 2021, se iniciaron 426 causas por desalojos, es decir más de 1 familia a ser desalojada por día”.

Además, desde la Asociación Civil Inquilinos Córdoba señalaron que no fueron contactados por ningún estamento de los tres niveles del Estado (Nacional, Provincial ni Municipal) para articular acciones que “permitan poner en marcha el protocolo de alerta temprana como aportar soluciones a los y las inquilinas que se encuentran excluidos del protocolo”.

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También cuestionaron el anuncio de un Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales publicado como Resolución 5/2021.

“El Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos, sólo será eficaz en la medida en que los distintos niveles de gobierno trabajen coordinadamente y sumen a la mesa de trabajo a las organizaciones de la sociedad civil”, concluyeron.