En busca de asegurar la aprobación de la “ley ómnibus”, el Gobierno ofreció acotar las empresas a privatizar

Para conseguir votos de la oposición “dialoguista”, el Ejecutivo disminuyó la cantidad de empresas sujetas a privatización de 36 a 27 y las dividió en cuatro anexos. Todas las de Córdoba quedaron fuera de la lista. También se reforzó el rol de la comisión bicameral que intervendrá en el proceso.

En busca de asegurar la aprobación de la “ley ómnibus”, el Gobierno ofreció acotar las empresas a privatizar
Oscar Zago y Martín Menem en el Congreso. Foto Federico Lopez Claro

A cambio de votos de la UCR y Hacemos Coalición Federal, los dos bloques que pueden destrabar uno de los capítulos nodales de la “ley ómnibus”, el Gobierno hizo una importante concesión: aceptó acotar la cantidad de empresas sujetas a privatización y segmentarlas en cuatro anexos diferentes.

La contrapropuesta llegó al caer la noche mientras avanzaba el debate en la Cámara de Diputados, y baja de 36 a 27 la cantidad de empresas a privatizar. Cinco de ellas pertenecen a la provincia de Córdoba.

Las que quedaron afuera del listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior; la Casa de la Moneda; Dioxitek; Fábrica Argentina de Aviones; Fabricaciones Militares; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Vehículo Espacial Nueva Generación; y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

En cuanto al proceso, el texto remitido a los diputados propone que intervenga la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por seis diputados y seis senadores, que deberá ser informada del pliego de bases y condiciones de cada empresa y podrá emitir dictámenes no vinculantes.

También se incorpora un artículo por el cual, “previo al inicio del proceso de privatización de las empresas (…), la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos”. Ese informe deberá ser remitido a la bicameral.

Las empresas que quedan

Con la oferta del Gobierno, las empresas que serían privatizadas son, en el anexo I, Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Energía Argentina; Intercargo; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Talleres Navales Dársena Norte; Nación Bursátil; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; y Nación Servicios.

En el segundo anexo figuran Télam; Educ.ar; Contenidos Públicos; y Radio y Televisión Argentina. Y en otro paquete aparecen Administración de Infraestructuras Ferrovarias; Operadora Ferroviaria; Belgrano Cargas y Logística; Ferrocarriles Argentinos; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario; y Corredores Viales.

En tanto, las empresas sujetas a privatización parcial seguirán siendo, tal como establecía el dictamen, el Banco Nación, Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales) y Nucleoeléctrica Argentina.