Víctor Amigorena
González, quien además es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Comodoro Rivadavia (SOEM) se vio envuelto en la polémica cuando se conoció una denuncia en donde se hacía saber que desde su nombramiento desde principio de año no se había presentado en su oficina ni había puesto en funcionamiento el área.
Esto se conoció a través de las organizaciones de jubilados quienes pidieron que no continúe en el cargo, cuestionando el modo en que fue designado, cinco días antes de concluir su mandato como legislador, el 10 de diciembre del año pasado. Ante esto González responsabilizó al vicegobernador Ricardo Sastre por no haberle designado al menos dos colaboradores que él consideraba imprescindibles: uno legal y otro que entendiera de tecnología, porque él mismo admitió no dominar en plenitud una PC.
Ahora nuevamente se instala en la polémica cuando se conoció el pedido de los fondos para el funcionamiento del área. González presentó una una nota en la Comisión de Hacienda donde señala que “se ha previsto una partida total de gastos que asciende a $ 37.991.683″, de los cuales “para el gasto en personal es de $ 33.947.628»”, lo que equivale al 89,4% del gasto total. Asimismo en bienes de consumo, estipuló una cifra de $ 668.770, en tanto que para servicios no personales prevé un presupuesto de $ 3.012.085.
“El presente proyecto de presupuesto responde a las características de una norma inicial que ha sido preparada para facilitar la organización de la Oficina en su funcionamiento mínimo indispensable a fin de alcanzar los objetivos pretendidos por la sanción de las leyes de su creación”, indica en la nota.
La situación de González no es la mejor y llueven críticas por su actitud. Para el fiscal Héctor Iturrioz se trata de “un ñoqui”. En declaraciones a Radio 3, Iturrioz explicó que “se empezó a pagar un sueldo cuando la Oficina no ha tenido ninguna actividad a lo largo del año. Es el caso de un ñoqui, aunque como no tenemos una ley tipificada no llegan demasiado a juicio”, pero señaló asimismo que “tenemos la ley de Etica Pública y una de las mandas es desempeñar la función con propiedad, efectividad y con otros principios rectores que establece la norma y no cumplirla es incumplir los deberes de funcionario público, tengo una figura típica para investigar”, aseguró.
Pero no todo finaliza ahí. El presupuesto de González estima 34 millones en salarios: para cinco personas. “Es una demasía para una Oficina que tuvo una nula actividad en un año en el que los beneficiarios necesitaban asistencia. Decía que demandaba un lugar físico para prestar sus servicios, pero según la información que nos envió la Legislatura nunca pidió empezar a trabajar, sino que le designen los asesores·.