El grupo Legislación y Normativa de la Mesa Ovina Nacional, luego de más de un año de consultas y aportes que han realizado diferentes técnicos, especialistas, funcionarios, referentes, productores, y dirigentes, entre otros, elaboró un proyecto de actualización para la Ley Ovina actual.
Según indicaron, el objetivo fue revisar la letra y mantener el espíritu de la ley nacional 25.422 régimen para la recuperación de la ganadería ovina de 2001, a los efectos de aprovechar la experiencia acumulada estos años, de manera de incorporarla en esta versión, así como incluir los adelantos tecnológicos y las demandas sociales, comerciales y ambientales de esta etapa que se inicia.
La Mesa destaca que la ley Ovina en su versión original del 2001 demostró ser una excelente norma, diseñada mirando al futuro: Se sostuvo aún con serias limitaciones en su financiamiento; trascendió más de ocho administraciones y fue modelo para otros proyectos de ley agropecuarios similares.
Una verdadera política de Estado que compromete a todo el sector privado a responsabilizase por una aplicación adecuada, y a las diferentes autoridades a una administración prolija y eficiente.
En este sentido, la actualización de la ley ovina pretende consolidar los objetivos alcanzados, fomentar el crecimiento de la actividad, y desarrollar su potencialidad en las distintas regiones:
- Alcanzar en la próxima década 18 millones de cabezas.
- Aumentar significativamente la productividad por animal.
- Recuperar al menos el 60 por ciento de los establecimientos vacíos o abandonados.
- Formalizar la producción de carne en el mercado interno.
- Duplicar las exportaciones en volumen y valor.
- Aumentar en un 50 por ciento el número de empleos directos, temporarios y de servicios en las cadenas.
Además, buscan generar un superávit fiscal global de la actividad de al menos el 120 por ciento base actual, resultante del balance favorable entre el costo fiscal del régimen y lo que la actividad producirá de forma incremental.
También tiene como objetivo aspectos ambientales como implementar sistemas productivos más estables y predecibles, certificar normas y protocolos de manejo a campo que promuevan reconstituir los suelos y regenerar los pastizales, así como mecanismos que permitan amortiguar las adversidades climáticas.