Redacción Vía País
El asentamiento “La fuerza de las mujeres” , ubicado en el Barrio 31 de Retiro, fue rodeado este jueves por efectivos de la Policía de la Ciudad ya que la Justicia ordenó el desalojo de las más de 100 familias que viven en el lugar.
Desde las 7 de la mañana, cuando llegaron las fuerzas de seguridad, se vivieron momentos de tensión entre los ocupantes y los uniformados. El terreno del Barrio Mujica, situado en la intersección de las calles La Pampa y Ciervo de Los Andes. se encuentra tomado desde el pasado 30 de junio, según informó el Gobierno de la Ciudad.
El predio es un lugar en el que se planea la construcción de una escuela para chicos del barrio. Según informaron desde el Gobierno de la Ciudad, el edificio que se construirá contará con nivel primario y secundario y tendrá capacidad para 210 alumnos.
Ante este contexto, las autoridades porteñas emitieron un comunicado en el que se informa que desde el primer día de la ocupación buscaron llegar a un “acercamiento” con las familias para que se evite una situación violenta.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano afirman que se pusieron a disposición de las personas que se encontraban en la toma un centro de evacuados especialmente dispuesto para estos casos.
Además, aseguran que las familias no aceptaron ser censadas ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció puede resolver su problema. Es que, según afirman las familias, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les quiere dar un subsidio de $7.000 pesos cuando alquilar una habitación les costaría $10.000.
El objetivo del Gobierno de la Ciudad era censar a las familias para así conocer la situación en la que se encuentran y así llegar a una solución conjunta. En cada una de las oportunidades, las personas se negaron, señalan desde el gobierno porteño.
Por lo tanto, y tras agotar instancias, el Poder Ejecutivo de la Ciudad fue a la Justicia y ésta el 16 de julio le dio un plazo de 72 horas a los ocupantes para que abandonen el predio. Esto no ocurrió y la fiscalía N°15, a cargo de la jueza Karina Giselle Andrade, dio lugar al desalojo del lugar.
“Nos quedamos en la calle”
Un vecino que sufre el desalojo afirmó que no tienen a dónde ir. “Hoy estamos en situación de calle porque lo que quiere el Gobierno es llevarnos a un parador para sacarnos”, dijo a la prensa en el lugar.
Al mismo tiempo agregó que “la solución no es ir a un parador” y sobre el subsidio de $7.000 que quiere darles el Gobierno dijo que “no te alcanza”. “Con $7.000 alquilas en ningún lado. No vivís. La realidad es que la gente que está acá es gente que necesita, que no tiene alquiler”, señaló.
Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, afirmó que están allí “por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir”. “Porque los alquileres de la villa (31) no los podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”, finalizó en declaraciones a la prensa.