Leandro Boyer
Como consecuencia de las históricas tensiones con los empresarios, el Gobierno nacional interrumpió las gestiones para alcanzar un acuerdo de precios y de salarios, una de las misiones imprescindibles para alinear el camino futuro con el plan que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán, y así también tratar de moderar las expectativas inflacionarias.
Ante este escenario, los empresarios del sector de los alimentos se preparan para ir a la Justicia para rechazar el sistema de control con el que la Casa Rosada busca monitorear todo el recorrido de la cadena de valor, de punta a punta.
Además, se suma otro punto de malestar: la administración de Alberto Fernández decidió prorrogar, sin cambios y hasta el 15 de mayo, el programa de Precios Máximos, que se puso en marcha frente la crisis que instaló la pandemia del coronavirus.
Dicha disposición despertó el cuestionamiento de los ejecutivos porque, según argumentan, este programa impidió compensar en los productos controlados el salto inflacionario del 2020, que ascendió al 36,1 por ciento.
Las urgencias y el horror volvieron a frustrar cualquier gesto de buena voluntad porque se confirmó que la pobreza saltó al 42% el año pasado; se presume que el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec arrojará otro número alto en marzo, tal vez similar al 3,6% de febrero; porque Guzmán debe mostrar resultados para que el FMI le habilite un programa más flexible para refinanciar la deuda; porque la segunda ola del coronavirus ya irrumpió, y también porque Cristina Kirchner habló y metió presión.
En ese terreno se mueve ahora el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el encargado de resolver el escollo para que el futuro de los precios y de los salarios se defina según el 29% de inflación que se proyectó en el Presupuesto 2021. No es un desafío menor porque los datos indican que “Alimentos y Bebidas” acumuló un salto del 42,1% el año pasado, es decir, 6 puntos porcentuales por encima del promedio.
La resistencia empresarial y la embestida de los gremios
La resistencia empresarial quedó en manos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que representa a más de 2.200 compañías y es conducida por Daniel Funes de Rioja.
El primer paso fue la presentación de una queja administrativa en el Ministerio de Desarrollo Productivo contra la puesta en marcha del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), con el que se les exige a las compañías de consumo masivo entregar detalles sobre sus precios, sus stocks y sus niveles de venta.
Para Funes de Rioja, se trata de “un sobreexceso de pedido de información” por el que también analizan recurrir a la Justicia, atentos a que el propio Kulfas indicó que ese monitoreo será la base para impedir cualquier aumento que se considere injustificado tanto en los insumos como en los productos terminados.
Pero el movimiento de los empresarios no parece ser el único que alterará las conversaciones. El secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky, adelantó que iniciarán una campaña de denuncias públicas ante la “permanente suba en los precios de los alimentos”.
“Los alimentos están todos los meses en una carrera ascendente frente a la cual se terminan neutralizando los avances que logramos en las paritarias”, apuntó Yasky a sabiendas de que la premisa del Gobierno es que este año los salarios terminen con dos ó 3 puntos por encima de la inflación.
Una agenda vacía y la advertencia de Kulfas tras el mensaje de Cristina
Por lo pronto, en el Ministerio de Desarrollo Productivo se limitan a indicar que no existen avances en las tratativas. “No hay todavía en agenda ninguna otra reunión”, confirmaron a Vía País.
Hasta ahora, se realizaron dos reuniones con la mesa sectorial de alimentación y otra con los referentes de la construcción, y la hoja de ruta oficial indica, aún sin precisiones, que se continuará con “electrónica y electrodomésticos” y “textil e indumentaria”.
Pero el ministro Kulfas se encargó de enviarle una advertencia a los empresarios en rebeldía: “Argentina ha tenido algunos aumentos desmedidos. Eso es lo que queremos revertir y estamos trabajando. Por supuesto, primero con un esquema de acuerdo pero obviamente también con instrumentos del Estado”.
“No es que vamos a simplemente utilizar el diálogo. Si no hay resultados, tenemos otras herramientas”, desafió el ministro.
Kulfas se pronunció así en línea con un reclamo que indirectamente hizo Cristina Kirchner, el pasado 24 de marzo, en su discurso por el Día de la Memoria.
La Vicepresidenta se encargó de recordar con elogios a Débora Giorgi, quien estuvo al frente del Ministerio de Industria durante su gobierno, y recordó que la entonces funcionaria “sonreía con dulzura y cordialidad” para plantearle sus exigencias a los empresarios y “el Gobierno tomaba las medidas políticas y recurría a los instrumentos que había que recurrir para fomentar el trabajo y la producción nacional”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.