En un nuevo avance del Gobierno contra las grandes empresas, ahora unas 500 grandes compañías deberán informar sus precios de comercialización y las cantidades de productos vendidos una vez por mes, con el objetivo de controlar el abastecimiento y que no haya remarcaciones especulativas.

Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior le dijeron a Vía País que el fin de esta medida es tener un “panorama completo” de las cadenas comerciales para detectar, por ejemplo, causas de faltantes de productos o subas de precios que podrían no tener justificación racional.

“Por ejemplo, si a través de este sistema se observa que hay faltante de un producto determinado, se buscará establecer la causa que genera la escasez para trabajar con el sector en pos de revertir la situación”, explicó una fuente oficial.

La decisión, oficializada este miércoles con la publicación de una Resolución en el Boletín Oficial, se toma en medio de un rebrote inflacionario y después de que consumidores hayan denunciado faltantes de algunos productos, como por ejemplo aceite de girasol.

Cómo funcionará el sistema “SIPRE”

El sistema que se llamará “SIPRE” es explicado por el Gobierno como un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios “para hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno”.

A diferencia de otros regímenes informativos, la información reportada por las empresas tendrá “carácter reservado y confidencial”. Las compañías deberán informar mensualmente bajo declaración jurada.

Este régimen informativo sólo alcanza a las grandes empresas de un conjunto de sectores clave, en los distintos eslabones de la cadena de comercialización de productores, distribuidores y comercializadores.

Qué empresas son alcanzadas por el régimen “SIPRE”

De acuerdo a lo establecido por la Resolución de la Secretaría Pyme 220/2019 y sus modificatorias, son consideradas grandes aquellas empresas que facturan más de $965.460.000 para las del sector de la construcción; $2.602.540.000 para el comercio; y $2.540.380.000 dedicadas a la actividad industrial.

En una primera etapa serán 500 las empresas que deberán reportar al SIPRE y se sumarán otras 500 más adelante. “No se toma esta decisión de forma espasmódica ni reaccionaria. Se empezó a idear hace mucho tiempo pero luego vino la pandemia. El sistema informático ya está funcionando”, dijeron las fuentes oficiales consultadas.

Las empresas que serán incluidas en estos controles son supermercados, comercializadoras de materiales construcción, agroquímicos, productos químicos, entre otras.

El pasado 11 de marzo, Comercio Interior había imputado a veinte empresas del sector de materiales para la construcción por no brindar la información que había sido requerida con el fin de verificar el abastecimiento de insumos sensibles para la actividad.

Y el 17 de febrero, la misma secretaría que conduce la economista Paula Español había imputado a las grandes empresas de consumo masivo de alimentos e higiene personal por falta de stock en las góndolas.

En este sentido, las acusó de generar desabastecimiento al comprobar una reducción en la capacidad de producción durante el último trimestre. En ese momento apuntó contra Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.

Esas compañías quedaron imputadas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. Es un proceso en el que ahora el Gobierno está trabajando con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para intentar destrabar la situación.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.