En plena polémica con Pfizer por la compra de vacunas contra la COVID, una diputada macrista presentó un proyecto de reforma de la actual ley de vacunas sancionada en octubre, para eliminar la palabra “negligencia”, que sería el motivo de la disputa entre el Gobierno Nacional y el laboratorio estadounidense.

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Esta iniciativa de Carmen Polledo es el primer intento de destrabar el conflicto que ya lleva más de seis meses, y que ronda en torno a que Pfizer —según la versión oficial— se resiste a vender vacunas a Argentina por la presencia de aquella palabra en el texto, que se incluyó durante el debate de la misma en Diputados.

Carmen Polledo y Mauricio Macri (Foto: Archivo / Web)

Polledo, vicepresidenta primera de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de dicha cámara, reunió para esta iniciativa el apoyo de otros 31 diputados de Juntos por el Cambio. Entre los que adhieren figuran Claudia Najul, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Alvaro González, Omar de Marchi, Pablo Tonelli y Paula Oliveto.

El artículo de la polémica

Se trata del artículo 4 de la ley de vacunas 27.573, que autoriza al Poder Ejecutivo a firmar “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”.

El artículo menciona tres excepciones: “Aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Justamente la eliminación de la palabra negligencia es lo que plantea el proyecto opositor, ya que sería lo que está trabando la negociación con Pfizer.

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Entre los fundamentos, Polledo detalla que la inclusión de dicha palabra “no fue una propuesta de la oposición” y que fue una iniciativa de la diputada Cecilia Moreau (massista, vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos) durante la reunión del 30 de septiembre, que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud. Moreau le preguntó al Lic. Mauricio Monsalvo, por entonces Subsecretario de Gestión Administrativa, si estaba prevista la indemnidad en caso de negligencia”.

“Antes de reanudarse la reunión, en la mañana del 1º de octubre, se distribuyó el dictamen, desde la secretaría de la comisión, con ese agregado y las iniciales C.M. en el nombre del archivo”, indica Polledo sobre el dictamen que se aprobó, como se aprobó después la ley, con amplio respaldo de oficialismo y oposición.

Al conocerse las objeciones de Pfizer, desde el oficialismo intentaron involucrar a diputados de Juntos por el Cambio en la modificación del texto que provocó la traba de la negociación, indica Clarín.

Finalmente Moreau admitió parte de responsabilidad, pero arrastró con ella a Ocaña (PRO) y Najul (UCR).

Moreau defendió su accionar en una nota con Página 12 en la que sostuvo: “Nosotros teníamos que cuidar el patrimonio y la salud de la gente. Nos podíamos hacer cargo de que la vacuna podía no funcionar o tener efectos adversos, porque si no; no hubiésemos podido firmar con ningún laboratorio. Pero no teníamos porqué hacernos cargo de si venía un lote en mal estado, se les rompía la cadena de frío o enviaban la vacuna diluida con agua”.

Este miércoles, consultada por Clarín, la diputada dijo que ahora “el debate está abierto”, pero destacó: “Me llamó la atención que todos los firmantes votaron a favor de la ley y algunos fueron parte de la redacción”.

Polledo, sin embargo, dijo al mismo medio que no le dieron desde el oficialismo muchas esperanzas de que el proyecto avance. “Lo vamos a evaluar”, le dijeron, pero también que aprobarlo sería una forma de que el Gobierno muestre “debilidad” dando marcha atrás con un texto, a pesar de que traba las negociaciones con el primer laboratorio que hizo pruebas de su vacuna contra el coronavirus en el país, y la primera distribuida a nivel global.

Se confió en las promesas de otros laboratorios y le faltó un Plan B”, evaluó Polledo sobre las disputas con Pfizer, y lo atribuyó a “la falta de idoneidad y profesionalismo” de los encargados de llevar adelante las tratativas.