El Superior Tribunal Federal aprobó este jueves en Brasil por 10 votos a 1 que el Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes apliquen sanciones contra quienes se rehúsan a ser vacunados, al entender que se debe priorizar “la salud colectiva”. En el marco de esto, el presidente Jair Bolsonaro, criticó la decisión de la corte que autorizó la posible obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus y reiteró que no se vacunará.

Bolsonaro indicó que a partir del fallo del STF habrá personas que “no podrán sacar el pasaporte, no podrán sacar el carnet de conducir, hasta puede decretarse la prisión domiciliar, ¿Qué lindo, no? (...) ¿Quién quiere medidas restrictivas?”, ironizó.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

En este sentido, señaló: “El Supremo no ordenó imponer medidas restrictivas, el Supremo dijo que el presidente, los gobernadores pueden imponerla, yo no voy a imponer nada, de mi parte cero (...), no habrá medidas restrictivas el año que viene, además el año que viene no habrá vacunas para todos”, puntualizó el mandatario.

Poco antes de esa transmisión, Bolsonaro reiteró que no planea inmunizarse contra el COVID-19 ya que contrajo el virus en julio pasado. “Algunos dicen que doy un mal ejemplo (por no darme la vacuna), qué imbéciles, idiotas, yo ya tengo los anticuerpos, ¿para qué darme la vacuna?”, manifestó.

Brasil es uno de los paises más afectados por el coronavirus en el mundo, solo en las últimas 24 horas registró más de 69.800 contagios y más de mil muertos.

En torno a las declaraciones de Bolsonaro, la Corte Suprema brasilera decretó que, aunque la vacunación no será forzada, los gobernadores y alcaldes podrán sancionar a sus ciudadanos si no acceden a vacunarse contra el COVID-19. Las sanciones serán definidas por las autoridades regionales pero ya se contemplan multas, prohibición de acceso a transporte y a sitios públicos.

La vacunación alrededor del mundo

A nivel mundial la tendencia es hacer de la vacuna algo voluntario: Rusia, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Perú y la mayor parte de América Latina sostienen que los gobiernos tienen la obligación de distribuir el medicamento pero la gente no está obligada a vacunarse.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado a favor de la obligatoriedad de la vacuna para garantizar la inmunidad colectiva, calculando que para alcanzarla, se debe vacunar al menos a un 60% de la población.