Horacio Aizpeolea
Cristina Fernández de Kirchner pasó la noche de fin de año en la Ciudad de Buenos Aires y el primero viajó a El Calafate, de donde piensa retornar en los próximos días, para el inicio de las sesiones extraordinarias del Senado. La Vicepresidenta se llevó tarea al Sur. Su intención es estudiar el informe elaborado por una comisión bicameral sobre el funcionamiento del organismo de escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen de la Bicameral sostiene que esta oficina se transformó “en una herramienta para la persecución penal” a opositores políticos durante el gobierno de Mauricio Macri. El informe podría ser la clave de una próxima acción política o judicial de la Vicepresidenta contra los ministros de la Corte, su titular Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusa de “encabezar un proceso de Lawfare”.
“(Cristina) va a aprovechar el receso de estos días para leer el informe en profundidad; para estudiarlo y analizarlo, y a partir de eso va a tomar decisiones: por ‘decisiones’, me refiero a que tomará acciones respecto a lo que dice el informe”, comentaron a este diario desde el entorno de la Vicepresidenta.
Cristina Fernández y Sergio Massa recibieron el miércoles pasado el informe de la comisión bicameral de control de organismos de inteligencia, que evaluó la creación y desempeño de la comúnmente llamada “oficina de escuchas”, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
El diputado nacional oficialista, el radical disidente Leopoldo Moreau, presidió la comisión. Al entregar del informe dijo sobre la DAJuDeCO: “se convirtió en un instrumento, que con la participación de servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina”.
El 24 de diciembre de 2015, Macri firmó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia como Presidente de la Nación. Dictó el traspaso de la oficina de escuchas de la Procuración a la Corte. Cuatro días después, sin que el parlamento tratara el DNU, la Corte que por entonces presidía Ricardo Lorenzetti dictó una acordada aceptando la oficina.
El informe dice que las autoridades de la oficina de escuchas, ahora bajo responsabilidad de la Corte, debían nombrarse mediante un sorteo entre jueces y camaristas. Salió sorteado el camarista Martín Irurzun. “Pero el acta del sorteo no apareció, no existe”, dijo Moreau. El fiscal Federico Delgado denunció a Lorenzetti por “falsedad ideológica” ante la poca transparencia del sorteo pero la denuncia fue archivada por la Cámara que presidían los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi.
“Hubo una serie de irregularidades en su nombramiento (por Irurzun) y ni la DAJuDeCO, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo”, dice el informe.
El dictamen de la bicameral le atribuye a la DAJuDeCO distintas irregularidades o directamente delitos, como el armado de causas falsas o filtraciones de escuchas ilegales, cometidos bajo el amparo de la Corte. La oposición de Juntos por el Cambio no avaló las conclusiones.
“Todas estas irregularidades son muy severas, afectan la intimidad de las personas, derechos y garantías básicas del ciudadano, se sustituyeron facultades del Congreso; se ejerció terrorismo judicial con una articulación de organismos de inteligencia”, dijo Moreau.
Las supuestas irregularidades con la oficina de escuchas ocurrieron bajo las presidencias de Lorenzetti y Ronsenkrantz en la Corte. Los dos ministros judiciales fueron criticados por Cristina Fernández en su carta pública del 9 de diciembre pasado.
En aquel escrito, acusó al Poder Judicial, representado por la Corte Suprema, de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.
El presidente Alberto Fernández dijo compartir las críticas de su vicepresidenta hacia la Corte Suprema, aunque prefirió no dar nombres.
Cuestionó, inclusive, la actuación de la Corte frente al caso Boudou. El máximo tribunal de Justicia del país rechazó revisar el expediente, sin dar fundamentos, tal como habilita el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
“¿Cómo puede haber visto la Corte urgencia y gravedad institucional en el traslado de dos ignotos jueces (por Bruglia y Bertuzzi), a los que no les conozco un artículo publicado, un libro publicado, una clase dada en la universidad? ¿La condena de un vicepresidente a más de cinco años de prisión no debe ser objeto de atención de la Corte? ¿Once recursos extraordinarios presentados por la vicepresidenta de la Nación no deben ser objetivo atención por parte de la Corte Suprema?”, se preguntó Fernández.
Otras fuentes kirchneristas confirmaron a este medio que Cristina Fernández de Kirchner va a tomar alguna acción respecto a algunos miembros de la Corte u otros jueces. Es un interrogante cómo podría traducirse esa acción. “El pedido de juicio político, es uno de los caminos; menos posible, una denuncia judicial”, comentó el funcionario consultado.
Sobre Lorenzetti, habrá que recordar que, en 2017, Elisa Carrió como diputada nacional, presentó un pedido de juicio político en su contra. “No podemos aceptar comportamientos mafiosos”, dijo la líder de la Coalición Cívica.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires