El conflicto entre el Gobierno y un sector importante del campo argentino está lejos de zanjarse dado que no existe contacto alguno con la Mesa de Enlace agropecuaria, representante gremial de los productores y el escenario podría enrarecerse aún más.
La administración de Alberto Fernández ha decidido desechar la construcción de un dialogo con este sector como bloque y avanzará con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), con el que elabora un proyecto de ley para dar “previsibilidad” a la producción por diez años.
Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA), dos entidades de la Mesa de Enlace forman parte del CAA. Afuera están la Sociedad Rural (que representa a los más grandes ganaderos del país) y la Federación Agraria (que nuclea a pequeños productores).
El CAA está liderado por los presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras; de las Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech; y Dardo Chiesa, de la Mesa Nacional de las Carnes.
La suspensión de las exportaciones de maíz (sobre lo que el Gobierno finalmente retrocedió) y el cese de comercialización de granos dejó expuestas las fracturas. El Gobierno acordó con el CAA y la Mesa de Enlace no estuvo ni al tanto de lo deliberado.
Tensiones cruzadas
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural; Carlos Achetoni, de la Federación Agraria; y Jorge Chemes, de CRA, anunciaron ayer en Buenos Aires el levantamiento anticipado del paro. Dijeron que la marcha atrás del gobierno fue por la medida de fuerza.
Allí ratificaron además su unidad con Coninagro, que no participó el cese de comercialización pero sí cuestionó con dureza la medida sobre el maíz. Y dijeron que juntas van a pedir una reunión con Fernández, porque con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, no hablan.
“A veces vemos que el ministro (de Agricultura) nos chicanea e incluso ahora hasta públicamente”, se quejó Pelegrina. En la mañana, el funcionario nacional había minimizado el impacto real el paro.
“La Mesa de Enlace en ningún momento estuvo proclive al diálogo. Y ni siquiera tuvo consenso interno para definir una medida de fuerza)”, dijo Basterra. Y resaltó que Coninagro no se haya sumado a la huelga de los productores. “El paro fue insignificante”, insistió.
Para Basterra, el CAA “representa intereses” económicos con los que el Gobierno debe negociar. Y la Mesa de Enlace, principalmente la Sociedad Rural, representa “posiciones políticas”. Ahí hay diferencias ideológicas históricas e insalvables.
Martins, del CAA, dijo ayer que el Gobierno actuó unilateralmente sobre el mercado del maíz porque le llegaron quejas de los productores de proteína animal porque no había abastecimiento interno del cereal.
Y destacó que ahora hay un compromiso conjunto de monitorear que las exportaciones no pongan en riesgo al mercado interno. “Cuando Macri perdió y todos se apuraron a vender, quedamos al filo de que falte maíz”, agregó Basterra.
El acuerdo
Mastins, en tanto, hizo una advertencia tanto para el Gobierno como para la Mesa de Enlace: “Tenemos que ser cuidadosos con que las ideologías no dominen esto. Porque ahí es donde se genera la tensión. Y tenemos que ser maduros, tener propuestas”.
En los hechos, el Gobierno dio marcha atrás por su acuerdo con el CAA. Se asegura el abastecimiento de maíz en el país y se buscará “desacoplar” el valor local del precio internacional.
Pelegrina negó puntualmente que el CAA haya sido el que destrabó la situación. “Claramente, esto es una reacción a la presión que pusimos en los medios y con los productores que no vendieron. Y la medida de fuerza la convocamos las tres entidades que hoy estamos acá”, dijo.
Y añadió: “Nosotros no participamos de este arreglo que se ha hecho y desconocemos de qué se trata. No sabemos qué es ese fideicomiso. No creemos en el desacople de los precios internos de los internacionales. No se sabe qué es. Que eso quede claro”.