La Iglesia rechazó este lunes el decreto del Poder Ejecutivo que modificó la Ley de Migraciones, al advertir que el endurecimiento de los procesos de deportación e ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos puede vulnerar "derechos constitucionales".
La Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, que preside el obispo jesuita Hugo Salaberry, aseguró que no existe dato alguno que "justifique la necesidad o urgencia de la reforma de la Ley de Migraciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)".
"Si bien el DNU está dirigido a enfrentar la criminalidad, puede afectar los derechos de las víctimas de delitos", aseveró en un comunicado, y reclamó: "Necesitamos convertir hostilidad en hospitalidad, rechazo en acogida".
"El DNU vulneraría derechos constitucionales garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. (Convención sobre Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, la Convención de Derechos Humanos)", sostuvo.
"Frente al riesgo de una grave vulneración a los derechos de los migrantes establecidos en la Ley 25.871, recordamos las palabras de Francisco: 'La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad'", agregó, citando el mensaje del pontífice para la Jornada Mundial del Migrante de 2016.
El gobierno nacional oficializó en enero a través de un DNU la modificación de Ley de Migraciones, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación e ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos.
