La Unidad de Investigación Financiera acudió a la Casación para que el ex vice vuelva a la cárcel. El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.


A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici, el Gobierno apeló la excarcelación de Amado Boudou resuelta por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). En esta línea, la UIF solicitó a la Cámara de Casación Federal que el ex vicepresidente condenado a 5 años y 10 meses de prisión por coimas y negociaciones incompatibles en el caso Ciccone vuelva a prisión.

La semana pasada, las juezas María Gabriela López íñiguez -quien ya se había opuesto a su detención durante la condena del juicio por la imprenta- y Adriana Palliotti votaron a favor de la excarcelación de Boudou, mientras que el magistrado Néstor Costabel votó en contra. Así, Amado Boudou, regresó a su casa de Barracas con una tobillera electrónica

La apelación de la UIF se basa en cuatro argumentos. En primer lugar, para el organismo antilavado no corresponde que el Tribunal se expida respecto del nuevo pedido de excarcelación ya que “actualmente se encuentra en trámite “ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja deducido por la defensa de Amado Boudou contra el rechazo del recurso extraordinario que interpuso esa parte ante la Cámara de Casación”.

La UIF entiende que, ante esa apelación presentada por la defensa del ex vice cuando fue detenido y sobre la cual debe expedirse la Corte, el Tribunal Oral perdió “la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado”. Esta primera razón, entonces, es de índole procesal.

En segundo lugar, el organismo antilavado coincidió con el voto disidente del juez Costabel, quien sostuvo que el planteo del fiscal ante el Tribunal Marcelo Colombo -el primero en pronunciarse a favor de la excarcelación-, “carece de una fundamentación autónoma y, por ende, esta circunstancia lo inhabilita como acto válido”.

En relación a esto, lo que se planteó es que el fiscal “omitió” realizar “un análisis integral del caso” y sólo se “remitió a su anterior dictamen producido el 13 de agosto de 2018” . Esto, según la UIF, “no cumple con el requisito” formal del Código Penal.

En tercer lugar, el organismo del Estado advirtió que no participó del incidente de excarcelación, ya que el Tribunal no le corrió vista para que se pronuncie al respecto. Por ello “la falta de intervención por parte de esta querella constituye una nulidad de orden general”, de la decisión.

“Siendo la única parte acusadora que ha argumentado largamente en su alegato final -del juicio roal- respecto de los motivos por los cuales se consideraba necesaria la imposición de las penas junto con la inmediata detención de los acusados, llamativamente el Tribunal actuante no nos ha concedido las vistas correspondientes a esta incidencia, con el objeto de que esta parte pueda ejercer su derecho, y esgrimir los argumentos en este incidente”, indicó la UIF en su escrito.

Finalmente, la Unidad de Información Financiera remarcó que el TOF 4 “incurrió en arbitrariedad manifiesta” al entender que “no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa”, el haber otorgado la libertad a Boudou.

Para la UIF el Tribunal “ha borrado con el codo lo que suscribió con sus manos en la resolución del 7 de agosto pasado -aún impugnada-, tergiversando reglas elementales del proceso que aseguran su desenvolvimiento legítimo en resguardo de los intereses de las partes y de la sociedad”.






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