De esta manera, dio marcha atrás a la rescisión de los contratos ante una posible demanda millonaria.


El Gobierno de Alberto Fernández​ analiza alternativas “de menor impacto” para reformar la ejecución del soterramiento del Sarmiento al temer una “demanda millonaria” por rescindir contrato.

Es que desde el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni consideran que a partir de la última modificación al proyecto que hizo en julio de 2019 el por entonces titular del área Guillermo Dietrich, dar de baja el contrato provocaría “un impacto judicial muy grande”.

Según Clarín, el área jurídica de Transporte llegó a esa conclusión tras analizar la última reformulación del contrato aprobada por una resolución (394/2019) de Dietrich, en la que se convalidaron cambios técnicos a la obra, con un presupuesto que rondaba los 1.200 millones de dólares por cuenta del Estado nacional.

En tanto, romper el contrato con Ghella y SACDE, las compañías que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) que está a cargo de la obra, obligaría al Gobierno a desembolsar una importante suma. “Y aunque sea el 30 por ciento (del contrato) ya es mucho”, manifestaron fuentes oficiales al diario antes citado.

Lo cierto es que desde el Gobierno están disconformes con Dietrich por los términos de ese nuevo acuerdo. “Paralizó la obra en 2018 por falta de financiamiento y después consolida un nuevo contrato en julio por más presupuesto y con financiamiento total del Estado. Desde lo legal probablemente tenía atribuciones para hacerlo, pero es raro el momento en que lo hizo”, indicaron.

Por su parte, desde el entorno de Dietrich salieron a responder las acusaciones: “No hubo ningún contrato nuevo. El contrato es el mismo que el de 2008, durante la gestión de Cristina Kirchner. En 2019 sí hubo una modificación, algo que es muy común que se haga en obras plurianuales, en el método de construcción que justamente bajaba el costo de la obra y provocaba un ahorro de 10 millones de dólares”.

Cabe recodar que el ministro Meoni había deslizado hace un mes en conferencia de prensa la posibilidad de rescindir el contrato y no financiar la obra. “Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; y una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado”, había manifestado.




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