Así lo determinó el Ciadi. El Gobierno aún confía en que queda una instancia de apelación más.


Argentina deberá pagarle 320 millones de dólares a un fondo buitre tras perder un extenso litigio por la expropiación de la empresa Aerolíneas Argentinas en el año 2008, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El país perdió un juicio con el fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

El fallo del Ciadi afirmó que “la solicitud de anulación de Argentina es rechazada”. Además, la sentencia indicó que “la Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de US$ 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”.

REUTERS/Stringer

Para la defensa argentina, queda todavía un último recurso de revisión a presentar.

La sentencia fue sobre la intención argentina de anular el laudo que ya había sido dictado por el Ciadi en 2017 y por el cual debía pagar 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas.

Según se informó, el país argumentó en el pedido de anulación elevado al Ciadi que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda.

El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y envió un proyecto para declararla de interés público, a través del cual le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, el proyecto se aprobó.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó los activos dando como resultado un valor negativo de 832 millones de dólares. Una cifra lejana a los 600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías.

A raíz de esto, como las partes no llegaron a un acuerdo, tras la estatización, se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

Foto: DPA.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos difíciles de probar. El primero es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.




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