La denuncia radicada en agosto del año pasado contra el intendente de la ciudad fueguina de Río Grande y candidato a gobernador, Gustavo Melella, por el presunto "abuso sexual coactivo" de tres obreros de la construcción, fue ampliada a un presunto caso de corrupción por "cartelización de la obra pública del municipio", según se desprende de documentación oficial a la que accedió Télam.
Los denunciantes contaron en 2018 que Melella los llamaba para realizar obras públicas y que, cuando estaban por finalizar los trabajos, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio, como "Patagonia Constructora" y "Marino Luis Vaquera".
Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores (a veces a su domicilio particular) y les exigía el cumplimiento de los favores sexuales a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho.
El abogado Francisco Giménez (representante de los obreros) amplió la denuncia ante la justicia fueguina y describió una "matriz de contratación discrecional en la administración municipal" que "concentra los contratos en empresas con vínculos políticos y familiares", y que "por medio de simulación de obras y facturaciones apócrifas, defraudan al Estado y enriquecen indebidamente a funcionarios y contratistas", dice el escrito.
Giménez reveló que el 73% de las licitaciones públicas realizadas por el municipio de Río Grande entre 2012 y 2019, por un monto de $142,3 millones, y el 54% de las licitaciones privadas, por otros $118 millones, fueron adjudicadas a tres empresas vinculadas a la administración municipal: Zimentar SRL, Dapco SRL y Constructora Patagonia SRL.
A su vez, Zimentar y Constructora Patagonia se quedaron con el 81% de las contrataciones directas en el mismo período, por un valor de $53,2 millones, consta en la documentación.
Según la denuncia, hasta noviembre de 2017, el directorio de Constructora Patagonia estuvo integrado por "Alejandro Guillén, Mario Vidal y Diego Menéndez", mientras que "Norma Menéndez, esposa de Guillén y hermana de Diego Menéndez, fue la secretaria privada de Melella hasta septiembre de 2017".
El abogado Giménez explicó que cuando esta situación se hizo pública, Norma Menéndez renunció a su puesto, aunque "luego volvió con otro cargo", en tanto que "Vidal y Diego Menéndez le cedieron su parte de la empresa a Guillén, a título gratuito".
Zimentar fue fundada en 2012 por "Fernando Zapata, Claudio Otero y Daniel Avendaño", todos ellos "empleados y allegados de la familia Loffler, principal bastión de la alianza entre Melella y el Movimiento Popular Fueguino (MPF) para postularse a la gobernación", señaló Giménez.
También mencionó que en Zimentar llegó a figurar como propietario, durante unos meses, el actual legislador del MPF, Damián Loffler, y que cuando estos datos trascendieron, el mismo grupo de personas adquirió Dapco SRL para "seguir facturando obra pública".
"Los adjudicatarios terminan siendo, en una proporción abrumadoramente mayoritaria, siempre las mismas empresas. Y todo dentro de un modus operandi que combina la defraudación al Estado con los delitos sexuales", aseveró el letrado denunciante.
Por su parte el abogado de Melella, Francisco Ibarra, negó en dialogo con Télam la existencia de irregularidades, y explicó que una denuncia similar fue presentada en 2017 en otro juzgado de Río Grande sin que haya ameritado "ningún accionar de la justicia hasta el momento", afirmó.
"Estamos esperando que se expida el fiscal interviniente. Todavía no tengo acceso a los detalles de esta presentación pero estimamos que se trata de una denuncia en idénticos términos a la anterior que nunca avanzó", declaró Ibarra.