Sonia Obieta
El Gobierno nacional, a través de la resolución 471/2020 de diciembre pasado, dispuso una restricción de portación de armas para el personal de las fuerzas de seguridad que haya sido denunciado por violencia de género o violencia intrafamiliar.
En base a esta normativa, el gobernador Sergio Ziliotto decretó, en las últimas horas, que los agentes policiales deberán proceder a la entrega inmediata de su arma reglamentaria ante denuncias por violencia de género o familiar.
La medida define que los policías deberán entregar el arma “cuando revistan en situación de pasiva, sin distinción de causa o motivo y encuadre legal de la misma; cuando revistan en disponibilidad a excepción del supuesto previsto en el inciso 1) del artículo 119 de la Norma Jurídica de facto Nº 1034/80; y en caso de existir afecciones psicológicas y/o psiquiátricas previa certificación emitida por profesional competente”.
Por último, el decreto dispone que la jefatura de Policía, a través de la dependencia competente, procederá a la inmediata retención del arma reglamentaria en caso de incumplimiento del deber del efectivo policial, y que se procederá a su reintegro una vez que cese la situación que motivó el retiro, previa intervención con informe favorable de el Servicio Social D-1 y/o del Servicio Médico Policial, según cada caso en particular lo amerite.