Sonia Obieta
En un episodio escandaloso, el concejal radical Guillermo Coppo denunció públicamente que la Municipalidad de General Pico alquilaba una casa destruida para alojar desde hace 11 años a un jubilado de 65 años al que asiste socialmente.
"Teníamos que aprobar la renovación de los contratos que tiene la Municipalidad, a través de Acción Social, para asistir socialmente a familias y personas. Pedimos que nos enviaran los contratos y los informes socioambientales para saber a quien asistía la Municipalidad", explicó, "pero el oficialismo se negó a enviar los últimos cuatro informes socioambientales, nos negó los informes", denunció el concejal.
Esa negativa por parte de los concejales del oficialista Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) despertó la sospecha de Coppo, pensando que esas ayudas fueran dirigidas a personas que no lo necesitaban, por lo que decidió ir a revisar los lugares que se alquilaban.
"Cuando llegamos a esta casa, no lo podíamos creer. Ni luz, ni gas, ni agua. Era una casa destrozada. El cielorraso todo destruido. Está en condiciones inhumanas de habitar", dijo el concejal.
"Esta persona habitaba hace 11 años esa casa", manifestó. El jubilado que ocupaba la casa le pedía agua a los vecinos. Recibía asistencia alimentaria del municipio y le pidió una garrafa a la comuna, pero se la negaron, tal como publica en la edición de este jueves el diario Clarín.
"Allí no se puede vivir. Hay una vulneración de los derechos de esta persona que la ubican en ese sitio insalubre con riesgos para su salud. Miraron para otro lado. La Secretaría de Bienestar Social estaba metiendo a vivir a una persona a una tapera, violentando el derecho a una vivienda digna. Es un círculo vicioso y perverso", ejemplificó el edil radical.
"En una parte del contrato que se renueva dice que la vivienda está en buen estado de conservación y mantenimiento y que la Municipalidad tendrá que devolverlo en tales condiciones, es decir que estamos asumiendo la responsabilidad de devolver algo en perfecto estado cuando se lo recibe para demoler directamente", acusó.
Y el compromiso de pago por semejante inmueble era por 11.500 pesos los primeros seis meses, 13.225 los segundos seis meses, 15.200 los terceros seis meses y concluye pagando 17.500, es decir, un total de 344.550 pesos en dos años más las tasas municipales. "Se paga eso por algo inhabitable y que no tiene valor comercial. Por eso se puede hablar de una estafa", puntualizó el concejal.
Luego de que el escándalo trascendiera públicamente, este miércoles la Municipalidad alojó al jubilado en otro lugar y cerró la casa con chapas. Y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, salió a decir que la vivienda se venía alquilando desde 1998, hace 22 años.
Alonso acusó a Coppo de utilizar el caso políticamente porque "no se puso a buscar para indagar por los problemas que tuviera la gente, sino que existía un expediente elevado por el propio Municipio", aclaró.
Mientras tanto, el concejal radical dijo que pedirá la interpelación de la secretaria de Desarrollo Social de la ciudad, Daniela Cabrino, y que además realizará una denuncia judicial por estafa y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Alguien tiene que responder por esto que pasó", manifestó Coppo.