Marcelo Sain fue removido de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de que la Legislatura santafesina aprobara un proyecto para su salida. Además lo inhabilitaron para ejercer cargos en ese organismo por una década.

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En sesión conjunta, diputados y senadores provinciales analizaron el dictamen de comisión bicameral de Acuerdos que promovía la salida de Sain del organismo por “protagonizar actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba”

Con 50 votos a favor y 13 en contra, se aprobó la destitución del ex ministro de Seguridad provincial, rechazando además la recusación que hizo Sain al instructor del proceso en su contra y planteó la violación del derecho de defensa.

Por su parte, el polémico ex ministro había rechazado la acusación y alegado una “persecución política e institucional” en su contra con “final cantado”. Además, había anticipado que apelaría de medida en todas las instancias provinciales, nacionales e internacionales.

El bloque oficialista “Lealtad”, criticó la resolución legislativa. “En el día de hoy, teniendo en cuenta que la medida cautelar presentada por el Dr. Marcelo Sain aún no se resolvió, entendemos que no se podía avanzar sobre el orden del día de la Sesión Conjunta. Ante esa situación, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, solicitó un cuarto intermedio hasta tanto la justicia laboral se expida, garantizando así el debido proceso, la división de poderes y el respeto a las instituciones”, comenzó diciendo un comunicado enviado tras la sesión.

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“Sin embargo, distintos sectores políticos decidieron avanzar en la destitución. Entendemos que tal determinación no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se toma ignorando la ley, ante tribunales superiores”, continuó el texto firmado por el propio Busatto, la diputada provincial Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera, entre otros.

“Entendemos que la ley Nº 14.016 constituye un claro ejemplo de “desviación de poder”, ya que su única finalidad fue remover al Director del Organismo de Investigación. Desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona. Por otra parte, la acusación que se hace sobre él, suponiendo que efectivamente haya ocurrido el ejercicio de ‘actividad política’ por la publicación de algunos tuits, no puede de ningún modo implicar la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico: la remoción del Organismo e inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años. La falta de razonabilidad de la pena es evidente”, cerró.