Luego de que la justicia santafesina desestimara la denuncia por presunto cohecho contra el ex jefe de la URI y de la URV, Adrián Rodríguez y que salpicó al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, el propio funcionario precisó que Apullán y Martí carecen de "dignidad moral" para imputar a otra persona. Además sostuvo que se seguirá buscando "la verdad".

En diálogo con LT10, Pullaro manifestó que la denuncia se trató de una maniobra para desestabilizarlo y correrlo del ministerio de Seguridad. "Queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales de esta maniobra con una lógica clara", esbozó.

"Claramente los fiscales Martí y Apullan, hoy imputados por varios delitos, son fiscales y sabían que no existía delito. Queremos saber que tipos de intereses tuvieron. Si fueron económicos y no lo descartamos, si fueron políticos o si hubo un instrumento claro por parte de una facción de la Policía", destacó Pullaro.

El funcionario remarcó que los fiscales serán condenados por los delitos. "No se puede entender que una persona que está imputada tenga la dignidad moral de imputar a otra", afirmó.

Además, el ministro señaló que "se seguirá adelante con la investigación porque siempre se buscará la verdad. Se investigó y mucho y quedó en claro que nunca existió delito", dijo.

Vale destacar que la causa tuvo una rápida repercusión en medios provinciales y nacionales. Fue impulsada por el fiscal de la ciudad capital Roberto Apullán, quien ordenó la detención de Adrián Rodríguez, titular de la Regional V. El jefe policial fue trasladado a una dependencia policial.

Apullán se basó en algunas escuchas donde el comisario, ahora retirado, había mantenido diálogos con Pullaro sobre el examen para rendir como director general de la policía de Santa Fe.

El fiscal actuó con su adjunta María Laura Martí, quien también estuvo involucrada en la investigación de los movimientos de Rodriguez por un supuesto desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.

En ese marco, los fiscales le solicitaron al juez Nicolás Falkenberg que se intervenga uno de los teléfonos que pertenecen al Estado provincial y era utilizado por Pullaro.

Por este motivo, el ministro luego los denunció y quedaron imputados por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y "abuso de autoridad por no explicarle al juez de quién era la línea a intervenir.