El funcionario del Ministerio Público de la Acusación fue acusado formalmente este martes en la ciudad de Santa Fe. 


La causa por las escuchas al Ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, sumó su segundo imputado. Este martes los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce Asahad acusaron formalmente a su par Roberto Apullán en la ciudad de Santa Fe.

En la audiencia imputativa celebrada en la sede de Fiscalía de la ciudad capital a Apullán le atribuyeron los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de abuso de autoridad en calidad de autor.

Tanto González como Ponce Asahad le endilgan a su colega santafesino el haber falseado el contenido de la solicitud de intervención telefónica que fue presentada el 29 de septiembre del 2017 al juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, el cual otorgó luego el permiso para intervenir el teléfono del ministro Pullaro.

Según la Fiscalía, el fiscal santafesino omitió informar al juez quién era la persona que utilizaba esa línea, que era del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También habría omitido los reales fundamentos que justificaran dicha medida, con la finalidad de inducir al juez interviniente en error y engaño al momento de efectuar el control de legalidad de la medida.

Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación precisaron que el accionar de su par fue abusivo y arbitrario de la función pública y utilizó eso como instrumento para violar la garantía de derecho a la intimidad y privacidad que posee todo individuo, como asimismo la garantía que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas.

Además, los fiscales hicieron hincapié en la violación de la Ley 13013, cuyo cumplimiento le incumbe en razón del desempeño de su cargo de fiscal en lo que concierne al deber de ejercer la función respetando el principio de “Respeto por los derechos humanos”, disposiciones que estaban en su conocimiento y debió haber haber ejecutado y respetado en ejercicio legítimo de su función y cuyo cumplimiento le incumbía en razón de su cargo.

Vale destacar que en la causa ya está imputada la fiscal María Laura Martí, a quien le atribuyeron los mismos delitos. 





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