Su colega, Roberto Apullán, al encontrarse de licencia verá reprogramada su audiencia.


Este viernes fue imputada la fiscal María Laura Martí por las escuchas al ministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Se la acusó de engañar al magistrado para que le autorizara la intervención del teléfono del funcionario.

Previo a la audiencia, un grupo de trece fiscales de diferentes jurisdicciones quiso ingresar para conocer la acusación que pesa sobre su colega, sin embargo los acusadores Juliana González y Gustavo Ponce Asahad pidieron que se realice a puertas cerradas.

Quien si participó fue el responsable de la cartera de Seguridad de la provincia con su abogado, Pablo Cococcioni, ya que es querellante en la causa.

En ese contexto fue imputada la funcionaria por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica de documento público. En tanto, Roberto Apullán, otro de los acusados, al encontrarse de licencia afrontará esta situación en las próximas semanas.

Lo que se les reprocha es haber pedido la intervención de un celular, en el marco de una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo en los servicios adicionales de la policía, sabiendo que se trataba de una línea que le pertenecía a Pullaro.

Los fiscales engañaron al juez Falkenberg para obtener la orden de interceptar el teléfono del ministro ya que no justificaron el motivo de la investigación y también porque dijeron no saber a quién pertenecía esa línea cuando como investigadores deberían saberlo”, sostuvo Cococcioni.

Así, accedieron durante semanas a información sensible sobre operativos e investigaciones de toda la provincia e inclusive los audios de dichas conversaciones fueron filtrados.

Esa situación motivó que el propio titular de la cartera de Seguridad radicara la denuncia que devino en la imputación de este viernes.

“Por su calidad de ministro tiene cierta inmunidad o fuero especial por lo que no podrían haberlo escuchado sin justificación y autorización especial. Por eso osto es de una gravedad institucional importante, máxime por la difusión que después tuvo ese material sensible y probatorio en una causa en curso”, añadió el letrado.




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