Redacción Vía Rosario
La ciudad santafesina de Florencia se convirtió en epicentro de una fuerte controversia electoral luego de que Fabio Villa, intendente electo por el frente Unidos, el mismo del gobernador Maximiliano Pullaro, fuera denunciado por realizar un sorteo de premios como parte de su campaña. El hecho generó acusaciones de clientelismo y podría derivar en sanciones por parte del Tribunal Electoral de Santa Fe.
Según informaron medios locales, Villa promocionó un sorteo con motocicletas, heladeras, cocinas, bicicletas, equipos de sonido y celulares a quienes asistieran a su cierre de campaña. El evento se realizó el jueves 27 de junio, en plena veda electoral, lo que representa una posible infracción a la ley.
“Te quiero contar lo que tenemos para sortear para festejar mañana cuando ganemos”, se escucha decir al entonces candidato en un video que se difundió en las redes sociales horas antes de la jornada electoral.
Tras el triunfo de Villa por una diferencia de casi 500 votos, sobre un total de 5.183 electores habilitados, frente al candidato oficialista Rubén “Negro” Quain, se reactivó el debate sobre los límites éticos en las campañas políticas.
La polémica escaló cuando vecinos y dirigentes opositores denunciaron que se había vulnerado la equidad del proceso electoral. La situación fue elevada al Tribunal Electoral de Santa Fe, que ahora deberá evaluar si hubo una violación concreta a la normativa vigente.
Desde el entorno del flamante intendente defendieron la iniciativa como una acción “solidaria” y aseguraron que no se trató de una compra de votos. Sin embargo, los organizadores reconocieron que los premios solo se entregarían si Villa resultaba ganador, lo que pone en jaque la legalidad del acto.
🔴 Insólito en #Florencia: el candidato Fabio Villa (@UnidosSantaFe) promociona un sorteo de motos, electrodomésticos y más, solo si gana las elecciones. Condiciona los premios a su triunfo. Antidemocrático, clientelar y obsceno. pic.twitter.com/fQUKp2cTRA
— Gaston Bais (@GastonBais) June 29, 2025
Este caso puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles durante los períodos de campaña en localidades del interior, donde los recursos institucionales para fiscalizar los actos proselitistas suelen ser más limitados.