Una de las novedades que impone la norma es que estipula un mínimo de tres años de duración de los contratos y la forma en que se calculan los aumentos en esos documentos. Al principio, parecía un dato favorable para quienes alquilan, pero Delfín Chávez, abogado especialista en contratos, afirmó que esto "generará una contracción en la oferta de alquileres, ya que los propietarios no ven como favorable generar compromisos por tanto tiempo, y eso redundará en el aumento de los valores de alquiler".

"Cuando firmamos el contrato ya regía la nueva ley, y en la inmobiliaria me explicaron que el propietario pidió un aumento en la cuota del alquiler porque se extendía la duración del contrato", dijo Gouffier.

Además, la nueva norma estipula que los aumentos serán anuales y según el índice que publica el Banco Central de la República Argentina, calculado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), lo que según el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, Fernando Olcese, rondará el 45% anual.

"Lo que hay que saber es que al porcentaje de aumento lo determina el Estado. Y toda vez que ha intervenido el Estado, no ha sido provechoso", dijo Olcese.