Según lo dictaminado por Griselda Nieto, la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial 1 de Tartagal, la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. tiene hasta el próximo 21 de septiembre para presentar un plan de provisión de agua potable para las localidades de General Mosconi y Tartagal. Además, la provisión de agua potable domiciliaria debe tener control público de ejecución para los próximos cinco años.

Esta condena llega como resultado de una acción de amparo de los vecinos de General Mosconi, con intervención de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral y la Asesoría de Incapaces 1 de Tartagal. El proceso se originó por el incumplimiento injustificado y sistemático de la empresa demandada de proveer agua potable en condiciones exigidas por la ley nacional. Estas acciones pusieron en riesgo los derechos y garantías de los vecinos de ambas localidades.

En juego estaba el derecho al agua potable y la salud de los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida, así como también los demás vecinos. Esta violación de los derechos de los niños y adolescentes, específicamente, afectan sus necesidades de cuidados físicos, atención emocional, derecho a la vida y al desarrollo de su salud.

Cosaysa S.A. deberá proveer con agua potable a Mosconi y Tartagal durante los próximos cinco años.FM Alba

Según lo establecido, la empresa no cumple con sus obligaciones ni los requerimientos necesarios, por lo que corresponde ordenar la regulación del servicio de agua potable y la normalización de la prestación. La jueza Nieto determinó que en el plan de la empresa deben contemplarse proyectos e infraestructura adecuados para mejorar la presión y el caudal del agua; control de derrames de agua; estudios de nuevas fuentes de captación para la sustentabilidad de la provisión; y la minimización de cortes o interrupción del servicio, con un esquema de atención satisfactoria.

Finalmente, se estableció que entre el 1 de octubre y el 1 de marzo de cada año se fijará una audiencia pública de la cual participarán la empresa, amparistas, el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público Pupilar, y el Ente Regulador de los Servicios Públicos para considerar este plan de provisión, sus resultados y avances.