El martes pasado comenzó el jury de enjuiciamiento contra la defensora oficial de Tartagal, Rosa Díaz, quien enfrenta tres acusaciones en su contra. La primera por la supuesta retención de donaciones destinadas a las comunidades wichís del interior salteño; la segunda la involucra en la ocupación ilegal de una vivienda en Joaquín V. González; y la tercera la acusa de incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
Las audiencias se extenderán hasta el viernes y serán encabezadas por el presidente de la Corte de Justicia y titular del Jury, Guillermo Catalano. Díaz se encuentra suspendida provisoriamente en el ejercicio de sus funciones y tiene un embargo sobre el 30% de sus haberes.
“Cuando Díaz fue suspendida de su cargo, se nombró a un defensor interino, el doctor Luis Veliz, quien informó sobre la existencia de carpetas de trámites guardadas en un armario sin haberse iniciado. Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos sin tramitar. Luego nos centramos en 150 gestiones solicitadas, en muchos casos, por integrantes de comunidades aborígenes que confiaron en la defensoría de Tartagal y no obtuvieron respuesta”, explicó el defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, al periodista Ángel Mansilla.
Castiella consideró, además, que esta acusación es grave porque “la obligación que tienen las defensorías con las personas de modestos recursos es garantizarles un pie de igualdad para que tengan acceso a la justica”. “Espero que el jurado de enjuiciamiento tenga un conocimiento de la verdad a través de la pruebas y que se dicte una sentencia que sirva para alcanzar estándares de calidad en la Justicia”, finalizó.