Diez meses después de la primera subasta para capitalizar bienes incautados a bandas delictivas de la provincia, la Justicia le ordenó este miércoles al Gobierno de Santa Fe que de marcha atrás con la venta de cuatro autos de alta gama vinculados a una causa que todavía no tiene sentencia firme.
La resolución surgió al final de una audiencia en la que los abogados defensores del clan Romero y otros supuestos miembros de una asociación ilícita objetaron la actuación del Ejecutivo y la Fiscalía de Estado. Entre otros argumentos que finalmente prosperaron, plantearon que "si no hay condena, no puede haber decomiso".
"Estamos muy satisfechos porque se defiende el derecho a contar con un juicio justo y respetar el principo de inocencia", afirmó Marcelo Martorano, uno de los letrados que participó del debate. El representante del agenciero Jorge Martín agregó que "no tiene ningún sentido" avanzar como lo hizo el Ministerio de Justicia provincial bajo el pretexto de que los bienes podían desvalorizarse.
La lista de rodados abarca un Mini Cooper, dos BMW y un Citroën C4, aunque uno de ellos ya había sido restituido a su propietario antes de que el juez Hernán Postma se pronunciara sobre la cuestión. En lo que atañe al resto, el Estado deberá devolverle el dinero a los ganadores de la subasta hasta que concluya el trámite de la causa en el marco de la cual fueron incautados los bienes.