Viviana Montenegro
El presidente de una empresa electrónica radicada en Tierra del Fuego y una despachante de aduana fueron procesados por contrabando y embargados por cifras que van de los $30 millones a los $50 millones, en una causa donde los acusan de haber importado mercadería sobrefacturada por 1,4 millones de dólares, con el fin de girar indebidamente divisas al exterior, confirmaron fuentes judiciales.
La jueza Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, halló al titular del directorio de la empresa KMG Fueguina SA, Mario Norberto Witomski como principal responsable de la maniobra y a la despachante Cintia Giandoménico como “partícipe necesaria” del mismo ilícito.
Los investigadores dieron por demostrado (en primera instancia) que la firma radicada en la isla al amparo de un régimen de beneficios impositivos y dedicada a la fabricación de cámaras fotográficas (entre otros productos) declaró la importación de placas de video por un valor de 1 millón 424 mil dólares cuando en realidad ingresó al Área Aduanera Especial artículos definidos como “basura electrónica” y “carcasas” valuadas en 32.696 dólares.
De acuerdo a la resolución judicial difundida ayer, el caso fue denunciado el 21 de julio de este año por la Dirección General de Aduanas (DGA) que catalogó con “código rojo” a la operatoria tras detectar una serie de incongruencias en la documentación presentada por la compañía.
Según los documentos, la operación tenía como objetivo importar “placas de microprocesamiento, marca Hyperforce, modelo N3080″, provenientes de Hong Kong, República de China.
Sin embargo, las facturas comerciales habían sido emitidas por la empresa radicada en Estados Unidos “JK Imaging (HK) LLC”, y tenían fechas del “15, 22 y 24 de marzo del año 2020″.
Además, los agentes aduaneros “no encontraron referencias en la web” sobre la marca de las placas (Hyperforce) y en cambio verificaron que su valor era “superior” al de otras marcas “conocidas en el mercado y de alta calidad”.
De esta manera, la empresa norteamericana habría intervenido “solo para refacturar la mercadería y así elevar el precio de las placas de forma desmedida, a los efectos de que la empresa KMG tuviera la posibilidad de girar mayores divisas de las correspondidas por las mercaderías efectivamente compradas y provenientes de China”, sostiene el fallo judicial de la jueza Borruto al que accedió Télam.
También indica que las conductas desplegadas “estuvieron bajo el dominio de Witomski, en su calidad de presidente de KMG Fueguina S.A. y contó con la colaboración de Cinthia Giandoménico en su carácter de despachante de Aduana”.
La Justicia incorporó a la causa pericias técnicas de donde se desprende que las placas importadas “no tenían los elementos/componentes que harían al funcionamiento de una placa, tales como, circuitos integrados, procesadores, chips, memorias, condensadores, puentes o reguladores” mientras que “no se pudo localizar en ningún medio local o nacional algún adaptador o fuente de alimentación que permitiera su conexión”.
Las muestras “carecían de manuales, garantías e instrucciones de uso”, y “tenían sus medios de fijación con una resina tipo “epoxi” (…) no habitual en dispositivos electrónicos”.
Por ello, los investigadores denominan a las piezas importadas como “scraps”, con el que se cataloga a “los desperdicios, sobras de productos ya utilizados, materiales sobrantes, excedentes o equipamientos obsoletos”.
Tanto Witomski, que vive fuera de Tierra del Fuego, como Giandoménico (residente en la provincia) prestaron declaración indagatoria pero en ambos casos optaron por no brindar su versión de los hechos.
En el caso del empresario, además, envió una carta documento a Télam el 16 de agosto exigiendo a esta agencia que se abstuviera de publicar información sobre el caso, entre otras consideraciones.
La jueza Borruto concluyó en su resolución que “la presentación de una factura comercial emitida por una empresa radicada en los Estados Unidos, que en su detalle no representa el valor real de las mercaderías con las operaciones oficializadas, tuvo, sin más, el fin de dificultar el control aduanero y así obtener un tratamiento más favorable y un beneficio en dinero -con la creación de activos en el exterior- como resultado de la maniobra”.
“No puede desconocerse, por tanto, que los imputados obraron con la intención de engañar al servicio aduanero e impedir su debido control a través de la simulación de una operación de importación que tenía como fin ingresar mercadería diferente a la declarada por un valor superior al que correspondía y que fue declarado”, sostuvo el pronunciamiento judicial.
Al dictar el procesamiento “sin prisión preventiva” por el delito de contrabando, Borruto ordenó embargar los bienes del empresario hasta cubrir la suma de $50 millones y los de la despachante hasta alcanzar los $30 millones.
Al asumir su cargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido sobre este tipo de maniobras y había adelantado la creación de un registro para que las empresas involucradas subsanaran sus declaraciones de importaciones durante el término de 60 días, bajo riesgo de ser denunciadas penalmente.
Según estimaciones oficiales se verificarán unas 13 mil operaciones que involucran a más de 700 compañías.
KMG Fueguina se instaló en Tierra del Fuego con el objetivo de producir cámaras fotográficas para la marca Kodak, a lo que después anexó otros productos en alianza con las empresas Ifre Sa y Centro de Informática SA, conformando así el grupo económico KMG Group. La plata fabril en Río Grande posee una superficie cubierta de 7.400 metros cuadrados.
Fuente: Noticia de Tapa