Logró que le aprueben una medida cautelar de no innovar. La jueza con un procesamiento pendiente en la Justicia Federal se aferra a su designación del pasado 21.


Aunque hasta último momento se intentó mantener la situación hacia la opinión pública como una discusión meramente institucional, la jueza de Garantías número 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra puso en evidencia que está dispuesta a afrontar este momento como una verdadera guerra de interpretaciones judiciales. A sólo 3 horas de la realización del nuevo sorteo de representantes de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura, ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, logró que se hiciera lugar a una medida cautelar para frenar nuevamente el proceso.

La instancia donde se aceptó la medida cautelar interpuesta por la jueza Pereyra fue el Juzgado Civil Nº 6 de Resistencia, a cardo del doctor Jorge Sinkovich. De esta manera, logró suspender provisoriamente los efectos de la resolución del Superior Tribunal de Justicia que anuló el sorteo realizado el pasado martes 21 y dispuso uno nuevo para elegir representantes de los magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que iba a realizarse este martes 28, a las 11.

Sólo una hora después, ya se daba a conocer la medida cautelar que había aceptado el juez Sincovich, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia. En su decisión, el magistrado, solicita al Superior Tribunal de Justicia del Chaco que suspenda los efectos de la resolución Nº 233/2020, “retrotraiga la situación al status quo que imperaba previo a la misma y se abstenga de llevar adelante el nuevo sorteo previsto para el 28 de abril “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la acción principal”.

Aunque nadie se atreve a mencionarlo públicamente, la jueza Pereyra ha protagonizado en los últimos años distintas situaciones polémicas como algunos de sus fallos que favorecieron al ex intendente de Castelli, Alberto Nievas, cuando se había dado desde el fuero federal una orden de detención en su contra por una Causa de Lavado de activos destinada a la construcción de viviendas para comunidades originarias que nunca fueron realizadas. Por esos fallos, la jueza de Garantías Maria de las Mercedes Pereyra fue imputada y procesada por los fiscales federales del Chaco por “obstrucción a la Justicia”. Esta situación está aún pendiente de definición en la Cámara Federal de Apelaciones.




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