Se suspendieron las actividades -públicas y privadas- en donde se junte mucha gente.


Este fin de semana fue en el que se aplicó el Decreto N° 50.470 firmado por el intendente Luis Castellano, y que define la Emergencia Sanitaria preventiva en la ciudad “a efectos de adoptar medidas de contención y/o mitigación del Coronavirus (COVID-19)”. 

A partir de esto, se llevó adelante una serie de controles para que se cumpla la normativa, que aplicaba una serie de restricciones o prohibiciones para las actividades recreativas o de esparcimiento, ya sean municipales (organizadas o a desarrollarse en dependencias de la Municipalidad) o privadas. Esto implicaba nula actividad en a bares, confiterías bailables, discotecas, etc. El viernes, de hecho, no abrieron sus puertas.

También se aplicó la restricción del factor ocupacional en todos los lugares habilitados de la ciudad (restaurantes o bares sin actividad bailable).  En algunos de ellos, se verificó que en algunos de ellos existió un exceso en el factor ocupacional reducido de personas y otros expusieron la misma cantidad de mesas y sillas en sus veredas. En consecuencia, se procedió al labrado del acta de constatación la que, posteriormente, fue enviada al Juzgado de Faltas para que aplique la sanción administrativa pertinente.

Controles por emergencia sanitaria en Rafaela

El viernes por la noche, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, junto a personal de Protección Vial y Comunitaria, recorrieron distintos locales para dialogar con sus encargados sobre la vigencia del Decreto, el alcance de las medidas y su puesta en práctica.

Las recorridas continuaron el día sábado con la entrega de copias de los Decretos y difusión de las medidas preventivas en distintos establecimientos. En horas de la noche, se pusieron en marcha los controles correspondientes a la verificación del efectivo cumplimiento de la disposición.

Los controles por parte del Estado local continuarán durante 30 días tal lo establecido por el Decreto oficial.

Denuncias

La Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe dispuso que jueces y jueces comunitarios estén prestos a recibir las denuncias de parte de municipios, comunas o ciudadanos “atento a la situación epidemiológica de público conocimiento”. También, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se instruyó a las comisarías para intervenir ante el incumplimiento del Decreto y a solicitud de la autoridad de control.




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