Seis años de prisión solicitó la fiscalía General N° 1 de Mendoza para la banda liderada por una contadora que habrían emitido facturas truchas a pedido para generarle a sus clientes créditos fiscales ficticios y disminuir así el saldo a pagar por IVA y Ganancias, ocasionando al Estado una pérdida de 160 millones de pesos.
Este martes la fiscal federal María Gloria André solicitó 6 años de cárcel para la contadora Silvia Gulino Ríos (55). Además pidió 4 años de prisión para el martillero público Daniel Cacciavillani (53). La misma pena fue solicitada para los contadores públicos Armando Morón (57) –ex legislador del Partido Demócrata-, Sandra Meldando (52) y Carlos Aguirre (46).
Por último, solicitó una pena de 3 años y 6 meses para Walter Lobos Domínguez, Florencia Morichetti Carrazco y Romina Molina Gulino, quienes habrían cumplido con roles secundarios en las maniobras detectadas.
Según la acusación realizada por el fiscal Fernando Alcaraz, la investigación arrancó cuando la AFIP-DGI solicitó que se investigara a Gulino, Caciavillani, Saavedra y Lobos, ya que habrían estado confeccionando y comercializando facturas truchas para generar créditos fiscales y gastos ficticios para luego vender con sus clientes a cambio de una comisión del 35% de la facturación vendida.
La maniobra permitía que sus clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias.