Tres grupos opositores de Bolivia pidieron este viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que quite la personería jurídica al partido de gobierno, por la supuesta recepción de fondos de un sospechoso de narcotráfico, un ciudadano argentino oriundo de la provincia de Jujuy que desde 2015 y por cuatro años permaneció prófugo en suelo boliviano.

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Los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos y el conglomerado civil Conade solicitaron por separado al TSE que abra una investigación de oficio y prive de su estatuto legal al Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el expresidente Evo Morales.

El jujeño José Miguel Farfán fue detenido en Bolivia en 2019 y posteriormente extraditado a la Argentina. Foto: Vía Jujuy

Senadores y diputados de Creemos, liderado por el gobernador de derecha de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, remitieron una nota al TSE “para que de inmediato inicie una investigación de oficio”.

También solicitaron que proceda “a la cancelación de la personería jurídica de la organización política MAS”.

UNA CARTA SERÍA LA EVIDENCIA

La base de las acusaciones es una denuncia esta semana del diputado oficialista Rolando Cuéllar, cercano al presidente Luis Arce pero enconado crítico de Morales.

Cuéllar afirmó que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, envió en enero de 2017 una nota de agradecimiento a “Miguel Angel Salazar Yavi” por “sus grandes contribuciones económicas” desde 2014.

Según el diputado, “Miguel Angel Salazar Yavi” era en realidad el argentino José Miguel Farfán (61), oriundo de la ciudad Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, quien fue detenido en Bolivia en 2019 y entregado a su país, donde era buscado por tráfico de droga.

La denuncia de Cuéllar implica que el MAS “habría recibido financiamiento con recursos de ‘origen ilícito’”, según los opositores. El MAS lo negó.

Por separado, legisladores de Comunidad Ciudadana, partido liderado por el exmandatario centrista Carlos Mesa (2003-2005), demandaron una investigación y que “se proceda a la cancelación jurídica del partido de gobierno”.

El diputado Rolando Cuéllar asegura que la carta que presentó es auténtica y que su denuncia no es contra el MAS, sino en concreto contra Gerardo García, vicepresidente del partido, y que los delitos son personales. Foto: captura de pantalla

“No se puede recibir financiamiento de recursos ilícitos”, afirmó la diputada Luisa Nayar.

“¿Cómo es posible que una organización política haya recibido recursos del narcotráfico?”, expresó el líder de Conade, Manuel Morales, quien pidió al TSE “la apertura de una urgente investigación”.

El Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) promovió la renuncia de Evo Morales en 2019.

El congresista del MAS Juanito Angulo negó las afirmaciones de Cuéllar.

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“Rechazamos contundentemente esa manifestación del señor Cuéllar que hubiéramos recibido financiamiento de alguna persona ligada al narcotráfico”, dijo.

En el oficialismo hay una fuerte pugna interna por espacios de poder en la administración pública.

Tras recibir las denuncias, el TSE debe decidir si abre o no una investigación. Por ahora no emitió ningún comentario.

Con información de AFP