Eduardo Sánchez
Integrantes de la comunidad indígena Tilquiza de Jujuy denunciaron haber sido víctimas de un “violento” desalojo llevado a cabo por la policía cuando realizaban una protesta por el bloqueo -dijeron- de un camino en dicha localidad próxima a la capital provincial, en tanto que voceros del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA) informaron que el procedimiento se dio en el marco del expediente n.° P-269175-MPA y se trató del “despeje de elementos y personas que impedían el ingreso a una propiedad privada ubicada en la localidad de Tilquiza”.
El desalojo, que se concretó poco después del mediodía del miércoles, derivó en la detención de al menos siete personas -cinco mujeres, una de ellas menor de edad, y dos hombres-, que fueron trasladas a la comisaría del barrio Chijra de San Salvador de Jujuy y más tarde fueron liberadas.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO?
Según versión recogida por la agencia Télam, miembros de la comunidad originaria se encontraban realizando una protesta en un camino que se enlaza con la ruta provincial 35, a unos 17 kilómetros de esta capital, donde, según denunciaron, hace varias semanas “un terrateniente” colocó un cerco que impide el paso de sus integrantes.
Uno de los detenidos fue Néstor Jerez, referente nativo denunciante de los actos de “despojo” en perjuicio de la comunidad.
“El autor intelectual de este avasallamiento es el gobernador, Gerardo Morales, y los autores materiales son el titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y el fiscal, Alejandro Maldonado, quienes han violado sistemáticamente nuestros derechos”, dijo Jerez tras recuperar la libertad.
El referente indígena afirmó que el desalojo vulneró la ley 26.160 “llevando adelante un despojo dentro del territorio comunitario, el cual tiene carpeta con resolución, personería jurídica”, al tiempo que denunció que la fuerza pública avanzó “sin orden judicial”.
También repudió que el conflicto territorial permitió la acusación contra los manifestantes por “entorpecimiento de la libre circulación y turbación de posesión”, lo que consideró “totalmente contradictorio al protocolo de abordaje de conflicto de comunidades indígenas aprobado por el MPA provincial”.
AFECTADA LA LIBRE CIRCULACIÓN
Por el contrario, el informe del MPA refiere que el procedimiento de “despeje de elementos y personas que impedían el ingreso” a la propiedad privada fue consecuencia de que el día lunes “se intimó a los allí presentes para que despejaran el lugar, pero los mismos se negaron a firmar la notificación”.
Describió asimismo el organismo judicial que la determinación de intervenir mediante a fuerza pública se adoptó “viendo el impedimento de los propietarios de poder circular libremente, la imposibilidad de su hija menor de edad de asistir al establecimiento educativo al cual concurre, y no poder retirarse del lugar una turista” que allí se encontraba.
Así fue como “se procedió al retiro de los postes que impedían el ingreso a la propiedad, y a la imputación de dos personas por ‘turbación de la posesión y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra’”, dice el informe.
Las fuentes del MPA confirmaron la participación de personal de la Brigada de Investigaciones y del cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia y que las actuaciones están a cargo del agente fiscal Mario Alejandro Maldonado asistido por el ayudante fiscal Iván Monaldi Pancich.