Pertenecen a cooperativas que "fueron transparentadas y bancarizadas", explicó el fiscal de Estado, Mariano Miranda


Unas 450 cooperativas de trabajo que estuvieron alineadas a la organización “Tupac Amaru” prestan servicios al Estado provincial actualmente, como consecuencia de que Gobierno de Jujuy lleva adelante desde 2016 un proceso para regularizar la situación de muchas de ellas, hoy bancarizadas, lo que las aleja de prácticas clientelistas, según sostienen autoridades.

“El primer paso y muy importante que hemos logrado dar es el programa de regularización y bancarización en cuanto al manejo de fondos, y para recuperar la parte operativa de gran parte de ellas”, señaló el fiscal de Estado de la Provincia, Mariano Miranda.

Al igual que en sus comienzos, la mayoría  se concentra en San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro, que los municipios donde “hicieron pie” las cooperativas enroladas en la agrupación que comandaba la detenida dirigente Milagro Sala.

Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy

Las irregularidades detectadas durante ese proceso de transparencia, el cual continúa, “fueron muchas”, dijeron fuentes oficiales; sin embargo el Gobierno ha colaborado para que pudieran seguir funcionando, pero bajo la premisa de estar “en regla con la ley”.

Las declaraciones del funcionario se dan poco después que el propio gobernador Gerardo Morales, a través de la Fiscalía de Estado, radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la presunta comisión de ilícitos, consistentes en la retención indebida de pagos en perjuicio de trabajadores de cooperativas.

“Había más de dos mil cuando entró en funciones el actual gobierno, en 2015, entre ellas, cooperativas ´fantasma´, y otras, en condiciones irregulares, decían ser cooperativas pero no tenían ninguna documentación que las acreditara como tal”, explicó a su vez Walter Peralta, uno de los responsables de la Unidad de Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (UCEPPI).

Cada cooperativa está conformada por diez socios, pero hay algunas que trabajaron en la gestión anterior con planes o proyectos nacionales que cuentan con mayor número y que “nunca dejaron de funcionar”, explicó.

“En total son más de cuatro mil  personas o cooperativistas que prestan servicios al Estado en la actualidad. Más de un noventa por ciento de las cooperativas que están registradas pertenecían a la Red de Organizaciones Sociales” que lideraba Milagro Sala, aseguró Peralta.

“Antes no les daban trabajo si no eran de la Tupac”, añadió.

Walter Peralta, miembro de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (UCEPPI).

Se destina mano de obra de acuerdo con las necesidades; generalmente, trabajan para Vialidad provincial en el desmalezamiento a la vera de las rutas, en la Ciudad Cultural con la limpieza, en Recursos Hídricos armando defensas de piedra embolsada, y en el acondicionamiento de las escuelas y destacamentos policiales.

“Hacen básicamente tareas de reparación, cosas sencillas”, detalló el funcionario.

El plan de contingencia que el Gobierno jujeño lanzó el año el año pasado también ayudó a que muchas pudieran reactivarse, a la vez de generar más empleo. A cada cooperativista se le abona seis mil pesos por trabajar 20 horas semanales.

En este plano, la denuncia penal efectuada por la Fiscalía de Estado se centra en que aparentemente, al momento de cobrar por los servicios prestados en la ejecución de proyectos encuadrados en el Plan de Contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”, los trabajadores habrían sido objeto de retenciones. Sobre los 6.000 pesos que debía percibir cada trabajador, se habría practicado una retención de 300 pesos en cada caso.

Si bien no se estableció el número de afectados, trascendió que aproximadamente 200 trabajadores se desempeñan en las cooperativas a investigar.

Operativo de limpieza en el barrio Alto Comedero, con participación de miembros de cooperativas de servicios que estaban en la órbita de la organización “Tupac Amaru”.

El año pasado el gobernador Morales dispuso la intervención de la personería jurídica de la “Tupac Amaru” -que estaba (suspendida desde 2016 tras una presentación judicial-, con lo cual la organización que tiene a gran parte de sus referentes envueltos en causas judiciales por defraudación al Estado y otros delitos, acentuó aún más su caída.

“Se dispuso una intervención para administrar los bienes y para tener participación en los distintos procesos judiciales de la Tupac”, explicó el fiscal Miranda, y aclaró que se procura “reorganizar la administración” de esa entidad, que había adquirido bienes con fondos públicos.

“Hoy en día hay una innumerable cantidad de juicios en contra de la asociación civil, ya sea juicios laborales y otros tipos de deudas”, afirmó.

Según trascendió, la demanda es millonaria, lo que dio origen a varios expedientes, entre ellos, muchos por deudas con varias empresas de servicio.

En cuanto a los centros culturales de la Tupac Amaru, éstos se rigen bajo una administración “en acuerdo con aquellos que venían utilizándola, que eran integrantes de la organización, cooperativistas o asociados”, mientras que en el rubro educación las unidades fueron estatizadas y los docentes pasaron a ser empleados del Ministerio de Educación de la provincia.




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