Los defensores plantearon que la condena fue "arbitraria", dijeron que "se demostró encono particular" de los fiscales con los acusados y que se "presionó a los testigos"


El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA) solicitó a la Cámara de Casación Penal provincial elevar las penas de los condenados e imputados que fueron absueltos en el marco del juicio denominado “Pibes Villeros”, por el cual la dirigente social Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión.

El 14 de enero de este año, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy resolvió condenar a 14 excooperativistas y exfuncionarios investigados por el presunto desvío de fondos públicos, destinados a la construcción de núcleos húmedos en la provincia.

En ese marco, ante los jueces de la Cámara de Casación, los fiscales plantearon tres puntos centrales en los recursos presentados, tendientes a elevar las penas de todos los condenados durante el juicio; piden que se condene a tres personas que fueron absueltas durante el debate y que todos los bienes decomisados en el proceso pasen a ser patrimonio del MPA.

Para la dirigente social Milagro Sala, quien fue condenada a 13 años de prisión, pidieron una pena de 22 años, mientras que para los 17 acusados restantes solicitaron elevar penas de entre cuatro y siete años.

Los jueces Rodolfo Miguel Fernández, Cristian Torres y María Margarita Nallar, miembros de la Cámara de Casación Penal de Jujuy.

Por su parte, los abogados defensores presentaron los argumentos sobre los “agravios sufridos” por los imputados, a la vez que esgrimieron diversos pedidos de nulidad del debate y solicitaron la absolución de sus clientes al considerar que la condena fue “arbitraria”.

Asimismo, en su mayoría acompañaron un pedido de nulidad de la sentencia que emitió el MPA, por “indeterminación del hecho punible de la sentencia”, indicaron y agregaron planteos de diversas nulidades por la violación de “derechos constitucionales”.

Otro de los pedidos cuestionó la “actuación no objetiva del MPA”, debido que “durante el proceso judicial se demostró encono particular con los perseguidos penales”, expresó el abogado Ariel Ruarte, en representación de la excooperativista Graciela López.

Facsímil de la solicitud de elevación de penas que el MPA presentó ante el Tribunal.

A ello se suma la denuncia de que durante el juicio oral se “presionó a los testigos y no se respetó las reglas de interrogación”, e indicaron entre otros argumentos la falta de pruebas y la participación de los imputados.

Las audiencias fueron presididas por el juez Cristian Torres, quien estuvo acompañado de los magistrados Rodolfo Miguel Fernández y María Margarita Nallar, ambos por habilitación.

En representación del Ministerio Público de la Acusación estuvieron Diego Ignacio Funes, fiscal de Casación (habilitado), y los fiscales Diego Cussel y Aldo Lozano, además de los abogados defensores de todos los imputados.

A la izquierda, los fiscales Cussel, Funes y Lozano. A la derecha, los jueces Nallar, Torres y Fernández.

Desde la finalización de las audiencias, el cuerpo de jueces de Casación tiene 20 días para dictar su sentencia, respondiendo a los recursos presentados por las partes, indicaron voceros del Poder Judicial.




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