Todo comenzó con una disputa y denuncias cruzadas por un supuesto robo de ropa interior en una feria


Acusada como supuesta autora del delito de amenazas contra policías en dos hechos ocurridos el 13 octubre de 2013, la dirigente social Milagro Sala en una primera instancia había sido absuelta por el beneficio de la duda, por el Tribunal en lo Criminal Nº 2; luego, la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia y la condenó a tres años y dos meses de prisión efectiva.

Ante ese fallo, los abogados defensores de la acusada acudieron al Superior Tribunal de Justicia, Sala Penal, con un recurso de inconstitucionalidad, al que la Corte resolvió hacer lugar parcialmente, confirmando la condena que le fue impuesta, al tiempo que le redujo la pena y la fijó en dos años de prisión efectiva, bajo la modalidad impuesta por la Cámara de Casación Penal.

Las causas se remontan a cuando la entonces diputada provincial amenazó a dos oficiales de la policía, Rubén Eduardo Vázquez y Ángela Silvina Cabero, que cumplían funciones en la Seccional 56 de Alto Comedero.

En el expediente ambos efectivos relataron que en esa oportunidad, mediante llamadas telefónicas Sala  los insultó y amenazó, diciéndoles que si no devolvían prendas de vestir que habían sido secuestradas a vendedoras informales, les pondría “una bomba” en la sede policial y los haría “volar”.

Al respecto, la jueza Laura Lamas González, integrante del máximo tribunal provincial junto a los jueces José Manuel del Campo y Federico Otaola -por habilitación-, al adherir al voto del presidente de trámite, el Dr. Del Campo, observó  que “la circunstancia de haber realizado la denuncia penal por amenazas da cuenta del efectivo temor que los policías sufrieron” en ocasión de recibir las referidas llamadas.

“Van a tener noticias (mías) porque voy a poner una bomba y voy hacer volar a todos… cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí, los voy hacer volar a la mierda, ya me van a conocer”, recordó uno de los efectivos que le dijo la dirigente ese día por teléfono.

En el mismo sentido la magistrada hizo notar que los oficiales Vázquez y Cabero, “cada uno en su momento y con diferentes reacciones, efectivamente se vieron atemorizados luego de la comunicación telefónica mantenida con Milagro Sala, de lo cual se infiere -sin lugar a dudas- el contendido amenazante de las referidas llamadas, la consumación del delito y la consecuente lesión al bien jurídico protegido por la norma”.

Sobre la seriedad con que debía tomarse las amenazas de la dirigente, el juez Del Campo planteó la existencia de “aspectos que son de público conocimiento, a saber: el contexto social de la provincia al momento de los hechos y el peso de la imputada como dirigente social líder de la organización barrial y política Tupac Amaru, con gran capacidad de movilización y recursos”.

En el mismo sentido la Dra. Lamas consideró oportuno tener en cuenta “lo expresado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que Sala operaba a costa de ´la existencia de un entramado organizacional (…) utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses´”.

Los hechos juzgados se desencadenaron cuando María Belén Vargas denunció que otra mujer vendía ropa interior robada a su madre en una feria de esta capital, pero fue ella la que quedó detenida.

A pedido de la madre de Vargas intercedió Milagro Sala para que la liberaran, oportunidad en que, según denunció la comisario Ángela Cabero, la amenazó telefónicamente con “hacer volar la comisaría”.

Milagro Sala cumple otras condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, en su propiedad de la calle Gordaliza del barrio Cuyaya.






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