El grupo había partido hacia allí antes del inicio d ela cuarentena con la promesa de un mejor trabajo, pero las condiciones eran infrahumanas.


Cinco montecarlenses fueron rescatados el jueves por la mañana de una finca de Entre Rios donde eran explotados laboralmente en “condiciones infrahumanas” desde hacía varias semanas, y ayer lograron regresar a sus domicilios en la localidad misionera. Por el caso detuvieron al ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en Entre Ríos, Juan Spañoletti, propietario del lugar.

En principio fue un grupo de diez personas oriundas de Montecarlo que habían viajado a Entre Ríos antes del inicio de la cuarentena con la promesa de mejorar su economía con trabajos temporarios. Se trata de trabajadores de estación que se dedican a la tarefa y buscan otro tipo de ingresos en período de interzafra. Según le indicaron, iban a reciir el pago por el trabajo, alojamiento y alimentación, pero las condiciones eran deplorables. Durante este tiempo trabajaron en actividades ganaderas y en la forestación de un eucaliptal pero bajo condiciones deplorables.

La mitad del grupo logró abandonar el lugar y acudió a realizar la denuncia correspondiente. Los otros cinco montecarlenses que quedaron debieron sufrir por varios días las deplorables condiciones de trabajo y hasta la poca alimentación que se les suministraba.

Fue un pedido de auxilio y posterior denuncia de los trabajadores lo que provocó el accionar del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuyas autoridades diagramaron el convocaron a los organismos de Trata, Trabajo, y la Policía Federal Argentina. En conjunto dieron intervención en el terreno ubicado cerca de la Estancia Santa Amelia, en Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de la ciudad de Concordia.

El grupo fue recibido por el equipo municipal de Montecarlo encabezado por el intendente Jorge Lovato, representantes del área Salud Pública de la Policía de Misiones y el ministerio de Derechos Humanos. Fueron llevados cada uno a su respectivo domicilio, escoltados por miembros de la Policía, quienes fueron los encargados de notificar a sus respectivas familias y vecinos más cercanos sobre el cumplimiento estricto de los catorce días de aislamiento.




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