Carolina Ramos
La nueva oposición a partir del 10 de diciembre, nucleada en Unión por la Patria y los retazos que queden de Juntos por el Cambio, tendrá en el Congreso la llave para poner límites y controlar la gestión de Javier Milei, cuyas medidas prometidas en campaña dependen, en su gran mayoría, de la sanción de leyes.
Milei anunció este lunes, en diálogo con radio Mitre, que buscará privatizar YPF y también los medios públicos (TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam), a los que consideró un “mecanismo de propaganda”. También ratificó que irá por la eliminación del Banco Central (BCRA) y la derogación de la ley de alquileres.
El atajo que podría tomar Milei es el de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la herramienta con la cual un presidente puede legislar en “circunstancias excepcionales”, como cuando el Congreso está en receso o existen razones de urgencia (salvo en materia impositiva, penal, electoral o de partidos políticos).
En ese sentido, el primer DNU de Milei consistiría en la reforma del Estado para reducir los actuales 18 ministerios a 8: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura y otro denominado “Capital Humano” que unificaría Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social.
Sin embargo, es el mismo Parlamento el que debe declarar la validez o invalidez de los DNU, de los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes. Lo hace a través de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la única con independencia para reunirse durante el intervalo de verano.
El mecanismo hace que sea más difícil rechazar un DNU que ratificarlo, aunque la oposición podría conseguir los votos para lo primero. Para anular un decreto, una vez que la bicameral dictamina sobre el mismo, se necesita el voto negativo de ambas cámaras del Congreso, mientras que para validarlo solo basta con aprobarlo en una de ellas.
La comisión es presidida actualmente por un diputado de La Cámpora, el santafesino Marcos Cleri, y tuvo un rol importante durante la pandemia, cuando Fernández gobernó por decreto. Pero este año no se reunió nunca.
Su último encuentro fue a fines de junio de 2022, solo con fines constitutivos, y se acumulan decretos dictados, en algunos casos, hace años.