En el Día Internacional de la discapacidad, Diego Mestre, diputado nacional por la UCR, presentó un proyecto de ley para que el 25% del cupo laboral obligatorio en el estado, sea destinado a personas con discapacidad cognitiva intelectual. La propuesta buscará ser incorporada a la ley 22.431 (Modificada por Ley 25689) sobre el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
“Una de las limitaciones más significativas que padecen los ciudadanos con discapacidad cognitivo-intelectual es la consecución de su independencia y desarrollo laboral en la adultez. Solo en la provincia que yo represento, viven 402.500 personas con discapacidad. Esto representa el 12,9 por ciento de los habitantes. De ellos, ocho de cada diez no tiene trabajo. Las estadísticas podrían extrapolarse de Córdoba al resto del país. Este proyecto pretende mejorar los indicadores de inserción laboral de este grupo de ciudadanos” afirma el legislador nacional.
En Argentina, la ley 22.431 estipula en su octavo artículo, un cupo de personas discapacitadas que deben integrar la fuerza laboral en los tres niveles del estado, en los estamentos descentralizados del gobierno, entes autárquicos y empresas estatales y empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Dicha proporción no puede ser inferior al 4%, para lo que Mestre propone una modificación y que ese porcentaje pase a ser del 25%.
La ley 22.431, no habla claramente del concepto de discapacidad, y ese cupo establecido por la ley es mayormente ocupado por personas con discapacidades físicas, dejando de lado a las personas con discapacidad cognitivo intelectual, más precisamente, aquellos que tienen Síndrome de Down o Asperger.
“Esta herramienta legislativa se propone corregir la situación de falta de oportunidades laborales que se da en la realidad para estos tipos de discapacidad. También surge como una necesidad de tomar conciencia que ciertas capacidades diferentes no constituyen un obstáculo para la productividad de las organizaciones. La situación en la provincia de Córdoba también necesita mejorar, ya que no existe un registro de las personas con discapacidad que trabajen para el Estado” afirma Diego Mestre.
Este proyecto de ley busca asegurar que los discapacitados cognitivos emocionales, más específicamente aquellos con síndrome de Down y Asperger puedan acceder a un trabajo digno y bien remunerado, pretende su aprobación para así poder elevar ese cupo mínimo y otorgarles nuevas oportunidades laborales.