El Gobierno de Córdoba confirmó que buscará adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través de un proyecto de ley que presentará un “esquema superador”. El plan será presentado a la Legislatura que deberá aprobarlo.
“Quiero contarles que el Gobierno de Córdoba enviará en los próximos días a la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones #Rigi con un esquema superador”, anunció en X, Guillermo Acosta, ministro de Economía de la Provincia.
CÓRDOBA ADHERIRÁ AL RIGI, CON UN PROYECTO PROPIO
Sin mayores detalles sobre la iniciativa, Acosta agregó que el proyecto “impulsará las fortalezas” que tiene Córdoba “ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.
Al respecto, agregó: “Estamos convencidos que gobernar es crear trabajo. Incentivar las inversiones es una política de estado en Córdoba que sostenemos y profundizaremos”.
QUÉ ES EL RIGI Y CÓMO AFECTA A CÓRDOBA
El Rigi fue aprobado dentro de la Ley Bases, que envió el Gobierno nacional y fue reglamentada el pasado 23 de agosto. El régimen está orientado a proyectos en ocho sectores de la economía con una inversión mínima de 200 millones de dólares, con excepción en petróleo y gas que asciende a 300 millones de dólares.
El régimen permitirá fomentar proyectos donde los ingresos, durante los primeros 3 años, no superen el 30 por ciento de la inversión total. El sistema ofrecerá una serie de facilidades tributarias, aduaneras, de acceso al mercado de cambios y de manejo de utilidades que flexibilizan las normas vigentes.
Los segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. El plazo de adhesión al sistema es de dos años que el Poder Ejecutivo puede extenderlo un año más.
Para los siete primeros, la inversión mínima para ser sujeto del RIGI es de 200 millones de pesos, pero en el caso de petróleo y gas las destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a 600 millones.
