La irrupción de la Pandemia en marzo de 2020 encontró a Cecilia Gisela Basaldúa (35), oriunda de Buenos Aires viajando por las Sierras de Córdoba. El aislamiento preventivo y obligatorio decretadoen ese entonces coartó su plan, que era viajar y escribir un libro sobre su experiencia recorriendo América Latina, y frente al cierre total debió alojarse en donde pudo. El destino la llevó a la casa de Mario Mainardi, un ex – policía oriundo de Santa Fé. Allí, Cecilia armó su carpa en el patio y estuvo alojada en esa vivienda hasta que el 8 de abril de 2020 el hombre denunció la desaparición de Basaldúa.
En aquel momento comenzó una intensa búsqueda que culminó 20 días más tarde, cuando en las inmediaciones del basural de Capilla del Monte apareció el cadáver de una mujer. La autopsia confirmó que se trataba de Cecilia Basaldúa y también confirmó que había sido asesinada puesto que el cadáver tenía señales claras de abuso sexual y estrangulamiento.
Lucas Bustos, un campesino, de 23 años fue detenido 3 días después. Según la policía el hombre se presentó espontáneamente en la comisaria y se declaró culpable. Acto seguido, la familia de Basaldúa afirmó que podría haber más de un involucrado en el crimen de Cecilia y pidieron que investiguen a Mainardi. Por su parte, la familia de Bustos aseguró que se trata de un chivo expiatorio por lo que decidieron realizar una marcha pidiendo su liberación el día 30 de abril de 2020.
Corría mayo de 2020 cuando comenzaron a sonar versiones cruzadas y denuncias sobre el caso. Por su parte, Santiago Bustos hermano del acusado radicó una denuncia penal ante la fiscalía de Cosquín por los maltratos propiciados a él y a su hermano en la comisaria local. Los padres de Cecilia aún no habían podido reconocer el cuerpo de su hija. Finalmente, la policía busca en su domicilio a Mario Mainardi para tomar pruebas de ADN. El día 22 de ese mes dictan la prisión preventiva para Bustos acusado como principal sospechoso.
Desde aquí las versiones se entrecruzan y aparecen nuevos testigos clave como “María”, una mujer cuya verdadera identidad es reservada, que contó través de un audio enviado a los medios de comunicación todo lo que sucedió la noche en la que supuestamente Cecilia desapareció. Aquella noche, según las declaraciones de esta testigo, se realizó una fiesta en la casa de Mainardi. Su acusación es grave, pues incrimina miembros de la policía y acusa a la justicia por encubrimiento.
Según las declaraciones de “María”, Mainardi y otros sujetos que aparecen en escena estarían gravemente implicados: “Vi que Mainardi y dos policías se la llevaron amordazada en un auto” declaró la mujer. Cabe destacar que este testimonio fue incluido en la causa.
El tiempo pasó, las versiones se siguieron cruzando y entre tanto, cada vez sonaba más fuerte la versión de que Bustos era un “perejil” y que el ex – policía Mainardi tendría responsabilidad en el femicidio. “Lo único que declaró es que su confesión fue forzada, que no fue voluntaria, y que niega los hechos”, aseguró Sergio Sánchez, el defensor de Bustos.
Así las cosas, en marzo de este año la familia de la víctima y la secretaría de Derechos Humanos pidieron que no se cierre la investigación ya que no había pruebas suficientes contra el único acusado. A pesar de esto la fiscal de Cosquín Paula Kelm igualmente cerró la investigación.
Lo cierto, es que el juicio al único acusado por el femicidio de Cecilia Basaldúa tiene fecha tetativa para el 3 noviembre, y tanto la defensa del acusado como la querella coinciden en que no hay pruebas suficientes. “Desde que los femicidios son femicidios, nunca jamás se ha visto que querella y defensa vayan en el mismo sentido, el mismo incluso que Derechos Humanos. 5.300 fojas tiene el expediente y no hay ni una sola prueba que incrimine a Lucas Bustos con Cecilia Basaldúa”, sentencia el abogado defensor del único imputado. La acusación que pesa sobre el hombre de 24 años sólo admite la pena de prisión perpetua.
Daniela Pavón, abogada de la querella, apunta en la misma línea: “Consideramos que no hay pruebas que puedan acreditar la certeza probatoria que se requiere en una instancia de juicio su culpabilidad, y sostenemos además que hubo cientos de irregularidades en el proceso de investigación”. La abogada asegura que estas irregularidades serán expuestas en el proceso del juicio oral y público.