Rocío Ledesma
Hace 10 años, Córdoba y el país se encontraban conmocionados por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 15 años que fue asesinada a golpes por su novio en Santa Fe. Su cadáver fue encontrado en el patio de la casa del agresor. Ese caso fue la gota que colmó el vaso y dio inicio al movimiento Ni Una Menos en Argentina.
A una década de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, vale hacer un repaso por los avances y las asignaturas pendientes en la lucha contra la violencia de género en Córdoba. Si bien el movimiento feminista logró instalar la problemática en la agenda pública, la cruda realidad de los femicidios y otras violencias, persiste.
A 10 AÑOS DE NI UNA MENOS: ALGUNOS AVANCES EN CÓRDOBA
La presión impulsada por Ni Una Menos generó conquistas significativas en materia de políticas públicas e institucionales en Córdoba. Desde 2016, la provincia cuenta con el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, un centro que busca unificar servicios judiciales, policiales y de apoyo. Este espacio permite, entre otras cuestiones, otorgar botones antipánico y notificar órdenes judiciales de manera simultánea, procurando reducir demoras.
Como complemento, el Polo también incluye un Centro Integral de Varones en situación de violencia, orientado a trabajar con agresores de alto riesgo con obligación judicial de recibir tratamiento, buscando prevenir la reincidencia. Además, se avanzó en la descentralización territorial con la creación de polos regionales en varias localidades del interior provincial, acercando la atención a las víctimas.
El compromiso con la capacitación y la educación con perspectiva de género también mostró algunos avances. La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, implementó desde 2015 un plan para prevenir y atender las violencias de género, creando en 2019 la Unidad Central de Políticas de Género para promover un ambiente libre de violencias y discriminación.
A nivel provincial e institucional, se adhirió a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública. Esta capacitación era ya una obligación estatal previa, pero la ley la refuerza.
En Córdoba, también rige la Ley Brisa, que establece la reparación económica para niños, niñas y adolescentes cuyo progenitor haya sido procesado o condenado en un caso de femicidio. Debido a que los menores son considerados víctimas colaterales, Córdoba amplió la ley con algunos beneficios como acceso gratuito al transporte público, tarifa solidaria para servicios esenciales y acceso gratuito a escuelas deportivas y espectáculos en los que la Provincia sea partícipe.
LAS DEUDAS PENDIENTES A 10 AÑOS DE NI UNA MENOS EN CÓRDOBA
A pesar de estos avances, la lucha en Córdoba enfrenta importantes desafíos. Organizaciones y trabajadores denuncian una caída en el presupuesto destinado a programas de género y la precarización laboral en áreas clave como el Polo de la Mujer.
Asimismo, persisten dificultades en la implementación efectiva de las políticas existentes, especialmente en el interior provincial, donde a menudo faltan recursos. Se identifica también como un reto la articulación entre los distintos organismos estatales para la detección, atención y derivación de casos, incluyendo la violencia contra la diversidad sexual.
La consolidación de registros y estadísticas de violencias para un seguimiento sistemático de las causas judiciales también sigue siendo una deuda pendiente por parte del Estado.
La falta de acceso a Justicia de forma segura, oportuna y eficaz continúa siendo una problemática, haciendo referencia a las víctimas de femicidio que habían denunciado previamente a su agresor y que, en muchos casos, poseían medidas de protección judicial.
QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LOS FEMICIDIOS
A 10 años del del primer Ni Una Menos, las cifras de femicidios en Argentina siguen siendo alarmantes. Según el registro del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven (AQSNV), entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2025 se registraron al menos 2.827 femicidios en Argentina (incluyendo femicidios directos y vinculados). Esto equivale a un femicidio cada 31 horas en la última década.
Los datos a nivel nacional revelan que el 64 por ciento de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o la compartida con el agresor. En el 85 por ciento de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima (pareja, expareja, familiar, conocido). Esto subraya la urgencia de políticas que garanticen la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia, permitiéndoles opciones reales para dejar el hogar o acceder a vivienda propia, especialmente en contextos de pobreza y desempleo.
Con respecto a Córdoba, en 2024 el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 17 víctimas directas de femicidio. La edad promedio de las víctimas fue de 39 años.
Estos datos, tanto a nivel nacional como provincial, son un recordatorio constante de la urgencia de la lucha y la necesidad de políticas integrales y sostenidas por parte del Estado.