El femicidio de Cecilia Basaldúa, cometido en Capilla del Monte en 2020, continúa impune. Luego de una investigación y un juicio que fueron catalogados como “vergonozos” por gran parte de la sociedad el fiscal Cuello pidió revocar la sentencia dictada por jurado popular en los Tribunales de Cruz del Eje.
Esa sentencia aprobaba la libertad de Lucas Bustos, el joven lugareño que fue, según los testimonios, obligado a declararse culpable del asesinto de Basaldúa y que permaneció 2 años en prisión preventiva sin pruebas materiales que lo incriminen.
Lo cierto, es que ahora la fiscalía intentará realizar un nuevo jucio con las pruebas existentes. En caso de la que Cámara de casación diera lugar al pedido se pondría en riesgo la realización de una nueva investigación en la que se incluyan, por ejemplo, una gran cantidad de pruebas que quedaron fuera.
La familia y la defensa de Cecilia Basaldúa indignados con el accionar del fiscal
“Buscando cerrar el círculo de la impunidad, el desarrollo del juicio y esta acción del fiscal Cuello dejan en claro que la fiscal Paula Kelm no actuó en soledad cuando decidió no investigar y obstruyó el acceso a la verdad. Ante estos hechos, no podemos menos que preguntarnos ¿Son tan grandes las presiones que reciben? ¿Cuál es el poder político que presiona para que los mismos fiscales obstruyan un proceso de investigación?”, señaló el Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa en un comunicado.
Lo cierto, es que la familia de la víctima se mostró indignada con la situación y entienden que esto es otro intento por impedir que se investigue a los verdaderos culpables. Cabe recordar que los allegados a Cecilia siempre apuntaron contra Mario Mainardi, la persona que alojó a la joven en aquellos días de aislamiento por la pandemia y el último que la vió con vida. De este hombre poco se sabe, sólo que es un policía retirado, pero no está claro en donde reside su verdadero poder para impedir que se lo investigue como corresponde.