Era de esperarse y sucedió; la familia Romo y la familia Basaldúa se encuentran trabajando en conjunto para pedir el enjuiciamiento de la fiscal Paula Kelm, a quien acusan de irregularidades y mal desempeño en ambas causas.
Por el lado de Jonathan Romo, se acusa a la fiscal por no investigar un episodio previo a la muerte del joven de 36 años. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado, en aquel momento la policía lo había golpeado violentamente, incluso tuvo que ser hospitalizado por la perforación de un riñón a causa de los gopes. Desde la defensa afirman que si la fiscalía de Cosquín le hubiera dado el curso correcto a la denuncia radicada, quizás la muerte, en la que se encuentra implicada la Policía de la Departamental Punilla Norte, no hubiera ocurrido.
Por su parte, en el caso Basaldúa la fiscal Paula Kelm tuvo un accionar muy cuestionado. La acusación y prisión preventiva de Lucas Bustos, como acusado por el femicidio ocurrido en Capilla del Monte dejó bastante que desear en cuanto la medida fue tomada de manera arbitraria.
La única prueba que pesaba en contra de Lucas Bustos era su propio testimonio. El joven se había declarado culpable por el asesinato y días después, junto a su hermano, acusaron a la policía de Capilla del Monte por aprietes y ataques, obligándolos a realizar dicha declaración.
Además de la acusación de Bustos, la investigación por la muerte de Cecilia Basaldúa presenta muchas irregularidades y la familia la acusa de no investigar a los verdaderos responsables. Concretamente se refieren a Mario Mainardi, a quien la familia considera sospechoso, asegurando que existen pruebas que lo inculpan y que Kelm decidió no incluir en la causa.
Si bien los dos casos no tienen mucho que ver en su escencia, si comparten las irregularidades de la fiscalía de Cosquín y la participación de la de la policía Departamental Punilla. Por la muerte de Romo están imputados seis policías y el jefe de dicha departamental, Diego Bracamontes, fue apartado de su cargo. Cabe destacar, que este último también tuvo un papel fundamental en la causa Basaldúa ya que en ese momento se desempeñaba como jefe de investigaciones de esa unidad regional. Fue él mismo quien le tomó la testimonial a Lucas Bustos sobre la cual, en el juicio dijo que no existía registro de tal declaratoria.
Lo cierto es que durante la semana pasada, se reunieron en Capilla del monte el abogado defensor de la familia Romo, Lucas Galli, Daniela Pavón, defensora de la familia Basaldúa, y Gerardo Battiston de la secretaría de derechos humanos. Durante el encuentro, delinearon un borrador para pedir el juicio político contra la fiscal de Cosquín.