La entidad sostuvo que la decisión provocará el quiebre a la libertad de información.


En la tarde de este viernes, se confirmó que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires criticó en duros términos el decreto de Alberto Fernández que dispuso la “intervención” del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones porque viola la Constitución Nacional y atenta contra “el principio de previsibilidad y seguridad jurídica”.

En el comunicado “sólo cabe su revocación por quien lo dictó o la declaración de inconstitucionalidad por la Justicia”. “Las máximas autoridades nacionales deben tener presente que no tienen amplia discrecionalidad para modificar los marcos regulatorios por razones de orden ideológico coyuntural”, se advirtió.

Sobre esto, sostuvieron que para la entidad, la decisión oficial “no solo deberá ser tachada de inconstitucionalidad, sino que conducirá a resultados opuestos a la expansión en la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios TIC (como consecuencia directa de la falta de inversiones resultante de la incertidumbre jurídica y tarifaria), y al quiebre a la libertad de información, tanto por quienes quieren exponerla al resto de la ciudadanía como cuando ésta quiere acceder a ella”.

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“El DNU 690/20 golpea los cimientos mismos de nuestra organización -no sólo económica-, sino republicana y democrática -se señaló-.Definitivamente, semejante cambio en las reglas de juego, además de afectar los derechos adquiridos de los actuales operadores del mercado de los servicios de TIC, conspirará contra la llegada de las nuevas inversiones que imperiosamente necesita nuestro país para generar progreso, crecimiento y empleo”.

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A su vez, agregaron: “Con respecto al derecho humano al acceso a la información, que el DNU 690/20 dice querer proteger, su sola formulación presenta problemas” porque “a través de este nuevo decreto se someten a control estatal los ingresos de los prestadores de los servicios de TIC, lo cual, lejos de asegurar su libertad e independencia, los hace pasibles de todo tipo de presiones de parte de los funcionarios públicos de turno, en el caso, el ENACOM”




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