El Gobierno traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires y llegó a un un acuerdo con las distribuidoras de electricidad para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías. Ahora, falta que la legislatura porteña y la administración de María Eugenia Vidal, mediante un decreto, convaliden el trámite.
De los reclamos pendientes entre unos y otros surgió una deuda de las distribuidoras de unos 7000 millones de pesos, en concepto de multas que se acumularon desde 2006, cuando el país ya atravesaba la crisis energética.
En este marco, el Estado y las empresas acordaron que ese monto se pagará con inversiones para mejorar la atención al cliente y la calidad del servicio. Sin embargo, ese dinero debió haber regresado a los usuarios mediante bonificaciones en sus facturas de electricidad.
Según informó TN, Edenor (1,17 millones de clientes) destinará a obras $2998 millones y Edesur (2,48 millones), $4197 millones, para compensar las multas acumuladas.
Las distribuidoras y la Nación llegaron a la negociación del traspaso con múltiples reclamos cruzados. Las empresas reclamaban, entre otras cosas, por el congelamiento de las tarifas que rigió entre 2002 y 2016; y el Estado exigía saldar las multas que se habían acumulado durante más de una década.
El acuerdo no representará ningún costo para el Estado nacional. Asimismo, las compañías se comprometen en el acuerdo a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $3.000 millones en el caso de Edenor y $4.000 millones en el caso de Edesur.
Estas inversiones, que son adicionales a las acordadas en la Reforma Tarifaria Integral (RTI) tendrán que realizarse en un plazo de cinco años y serán supervisadas por el nuevo ente regulador.
Adicionalmente, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo de control que será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que designará sus autoridades una vez que el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) continuará sus funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado; y cederá el personal dedicado al seguimiento de la distribución al nuevo ente, por lo que habrá continuidad de puestos de trabajo.