El 25 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se realiza desde 1981 con el fin de visibilizar y exigir a los estados medidas que tiendan a frenar la violencia machista.

En la ley argentina 26.485 de Protección Integral a la Mujer están tipificadas todos los tipos de violencia que deben sancionarse, como la violencia física, psicológica, económica, mediática, sexual, simbólica, institucional y también laboral.

Durante la última década, y sobre todo desde 2015 con el advenimiento del Movimiento Ni Una Menos, se avanzó en mecanismos para denunciar y prestar atención sobre los casos de violencia más visible o detectable, como la violencia física y en los ámbitos domésticos o públicos (urbanos).

Sin embargo, hay otras violencias sobre las que aún cuesta que mujeres y disidencias sexuales denuncien por falta de mecanismos más claros para hacerlo. Por ejemplo, la violencia laboral. Según especialistas esto se debe a que este tipo de violencia adquiere formas más sutiles y difíciles de detectar.

Convenio de la OIT

Sin embargo, en el último tiempo se han dado avances en este sentido. El año pasado, 187 países firmaron el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue ratificado por Argentina y transformado en ley por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

El convenio reconoce las distintas modalidades en las que se ejerce violencia dentro del ámbito laboral, retomando un concepto amplio de trabajador y trabajadora, al tiempo que amplía el espectro de los espacios donde puede suceder ese acoso y/o violencia laboral.

El convenio es un importante avance en materia de derechos humanos y laborales ya que establece un nuevo marco jurídico para la prevención y tratamiento de las violencias y acoso dentro del ámbito laboral, y reconoce que las mujeres son las más expuestas a este tipo de violencia.

Ahora, la reglamentación establecerá los detalles de cómo se aplicará en Argentina.

“Se trata de un convenio sobre derechos humanos dentro de las relaciones laborales. Significa un cambio de cultura en las relaciones de trabajo: el derecho a un mundo libre de violencia y acoso se integra dentro de los derechos y obligaciones de relaciones contractuales”, indicó César Arese, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNC, quien estuvo presente en Ginebra cuando se aprobó ese convenio.

Obstáculos para denunciar

“La falta de denuncia está ligada a un mercado de trabajo que está en crisis y se le hace más difícil denunciar o hacerlo público a alguien que sufre violencia. Las que suelen hacerlo son quienes están más seguras en sus puestos y no tanto las que temen a perderlo”, indicó a La Voz Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina, quien también valoró el rol de los compañeros de trabajo que apoyan a las víctimas y sobre todo las Secretarías de Género de los sindicatos.

“Hay una oficina de violencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación que recibe denuncias y actúa como mediadora. Más del 80 por ciento de los casos que allí llegan, son denuncias de mujeres que han sido violentadas por varones y en general el tipo de violencia es la psicológica, la que consiste en degradar y humillar la autoestima de la persona”, agregó Benzion.

Para la especialista, las mujeres se están animando cada vez más a plantearlo porque “ya existe en la calle la legitimación para salir de la queja y pasar a una situación de protagonismo en la solución de los problemas”.

En primera persona

Un caso emblemático en Córdoba fue el de Alicia Moyano, que denunció por mobbing (denominación en inglés para este tipo de violencia) a su supervisor de un call center y al dueño de la empresa. La causa fue elevada a juicio en 2018 y ahora está en la Cámara 4° del Crimen de la ciudad de Córdoba. La figura penal es lesiones gravísimas, agravadas por placer en un contexto de moobing laboral y violencia de género.

Por su parte, Nancy Castillo extrabajadora de un negocio de una pequeña ciudad de la provincia, contó con detalles cómo fue la violencia que sufrió tras denunciar a sus jefes que por 17 años no le habían pagado aguinaldo, no respetaban sus vacaciones, ni la tenían registrada laboralmente, a pesar de que ella era encargada del lugar.

“Tras la denuncia, comenzaron a amenazarme, me tiraban la camioneta encima cuando me cruzaban. Me tuve que ir a vivir al campo por unos meses por la persecución. Llegaron a amenazar a mi hermano con una escopeta”, explicó la mujer.

Nancy ganó el juicio por el incumplimiento de obligaciones laborales de parte de sus jefes, pero toda la violencia posterior y que ella denunció no fue juzgada. “No se hablaba de eso hace 10 años, cuando fue mi caso. Hoy lo puedo ver desde otro lado”, aclaró.

Faltan 241 mujeres en 2020 a causa de los femicidios

Mientras se avanza en la legislación y en mecanismos para atender los distintos tipos de violencia ejercida hacia la mujer y las disidencias sexuales, la peor cara de esa violencia, los femicidios, siguen cobrándose cientos de vidas.

En Córdoba, en lo que va del año, hubo ocho mujeres víctimas de femicidio, un niño víctima de femicidio vinculado y dos en investigación. En Argentina fueron 241 los casos desde el 1° de enero hasta el 20 de noviembre. Esto indica que cada 32 horas se mata a una mujer en Argentina.

Claudia Correa, Elena Mercedes Luna, Denise Vergara, Gisela Cecilia Basaldúa, Beatriz Karina Bustos, Verónica Tottis, Viviana Ordóñez y Juana Valdez son los nombres de quienes fueron asesinadas a manos de hombres.

Asimismo, se investiga el caso de Cecilia Guendulain y Laura Taborda. También hubo un femicidio vinculado, el de Thiago Reyna, asesinado por su padre con el objeto de dañar a la madre del niño.

Según el Observatorio Nacional Mumalá, se registraron además 251 intentos de femicidio. El 20 por ciento de las víctimas había realizado denuncias previas. A causa de estos femicidios, 274 niños y adolescentes quedaron sin madre.

El hogar sigue siendo el lugar más violento para la mujer, donde sucedieron el 68 por ciento de estos crímenes.

*Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.