Redacción Vía País
Este jueves el Tribunal Oral Federal 8 resolvió que la vicepresidenta Cristina Kirchner no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, ya que el Tribunal consideró que la firma en 2013 del memorando con Irán “no constituyó delito”. En ese marco, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) mostró su rechazo ante el fallo.
El tribunal cerró así, por inexistencia de delito, el caso, un fallo unánime que beneficia a todos los imputados en la causa, pero que, sin embargo, puede ser apelado por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas llevadas adelante por la DAIA y por los familiares de las víctimas del atentando.
“Cualquier acusación debe transitar un proceso de desarrollo normal donde se dirimen todas las pruebas. Es ahí dónde los imputados tienen que responder o no con la oportunidad de la defensa. Rechazamos el fallo porque es una forma anormal de terminar un proceso”, dijo el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, a diario Clarín.
Y agregó: “Seguimos insistiendo en el reclamo de justicia para que los imputados sean llevados a juicio”.
En mayo pasado, la vicepresidenta había solicitado la nulidad de la causa alegando, entre otros motivos, interferencias políticas en el proceso, en concreto debido a las presuntas reuniones que se habrían producido entre el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) y dos de los jueces que intervinieron en el caso, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
“Hoy es un día en el que la Justicia ha fallado sin la coyuntura política”, dijo el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, en declaraciones a radio Del Plata.
El memorando con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, con Fernández como presidenta, y preveía la creación de una comisión especial para investigar de forma conjunta entre los dos países el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos y que la Justicia atribuye a exaltos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.
La acusación contra Fernández se remonta a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado a la mutua, denunció que la entonces presidenta y varios de sus colaboradores intentaron presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del ataque con la firma de un memorándum con Irán.