Rita Márquez
Los intendentes del Interior de la provincia de Buenos Aires le reclamaron al gobernador Axel Kicillof que revierta la medida de retomar las clases presenciales en el Conurbano mientras que sus municipios deben permanecer en Fase 2. Además, cuestionaron las cifras que utilizó para justificar las restricciones en distintas jurisdicciones.
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Según el nuevo DNU decretado por el Gobierno bonaerense, que se extiende hasta el 25 de junio, los distritos con más de 300 mil habitantes y una incidencia de 500 casos cada 100 mil habitantes durante los últimos 14 días o con una ocupación de camas de terapia intensiva del 80%, son considerados en situación de Alarma Epidemiológica.
Aquellos municipios se mantendrán en la Fase 2, con la circulación limitada a partir de las 20 horas y con las clases de manera virtual, entre otras medidas. En total son 72.
Diversos dirigentes hicieron público su descontento con el decreto. Uno de ellos es Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata, denunció que la decisión del Gobierno es “discriminación”.
“Otros distritos de la Provincia en los que están habilitadas las clases no tienen los números que tiene hoy nuestra ciudad. Lo que está claro, y esto no es una cuestión política, es que han disminuido los casos en esta última semana en un 26% y que nunca llegamos al 70% de ocupación de camas de terapia intensiva”, señaló en diálogo con TN.
“La presencialidad no ha sido un problema en la ciudad. De cero a 10 años eran de 9 de cada 1.000 antes de que empiecen las clases y después fue 10 de cada mil, por lo cual no hubo una variación. Está claro que esto no ha generado un problema la presencialidad, sobre todo en lo que es nivel inicial y primario”, agregó, sobre la vuelta de las clases a las aulas.
“No entendemos cuál es el criterio que se utiliza. No queda claro si son 610 mil personas que han quedado en el censo de hace más de 20 años, si es 656 mil o si es 850 mil. Al margen de eso lo que yo tengo claro es que los datos objetivos de nuestra ciudad generan que esta decisión del gobierno de la Provincia discrimine para que la ciudad no tenga clases este lunes”.
Además, Montenegro explicitó que hará un reclamo por escrito y mantendrá un diálogo durante el fin de semana aunque, en tanto, acate las normas estipuladas desde el Gobierno bonaerense.
En esa línea, el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos se volcó a Twitter para expresar su enojo con el decreto: “La provincia decidió que Chivilcoy permanezca en fase 2, a pesar que el AMBA pasó a fase 3, con mayores libertades. Más allá de no estar de acuerdo, del fuerte reclamo que ya hicimos y seguiremos haciendo junto a otros intendentes, las restricciones en Chivilcoy siguen igual”.
Y agregó: “No es una noticia simpática, pero debemos cumplir las disposiciones, a pesar de considerarlas totalmente injustas. Seguiremos intentando que se entienda que cada intendente debe decidir sobre su Municipio, conociendo la realidad sanitaria y que actividades puede habilitar o no”.
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En Bragado también recibieron la noticia negativamente. Las autoridades expresaron que es muy difícil cumplir las restricciones cuando en el distrito han generado una evidente disminución de casos.
Una de las justificaciones que utilizan los intendentes como defensa a las normas es que los números que Kicillof utilizó para medir los casos están hechos sobre una población errónea. “Como no se pudo realizar el censo 2020 se toma el de 2010, actualizado en base al padrón electoral. No suman a los escolarizados. Entonces la población tomada es 20% inferior a la cifra real”, explican desde uno de los municipios disconformes.
Por ejemplo, en Bahía Blanca a pesar de tener una ocupación de camas de terapia intensiva menor al 80%, la incidencia de casos cada 100 mil habitantes duplica la cifra exigida.